El Ministerio Público (MP) de Guatemala se pronunció este jueves 19 de diciembre con respecto al informe presentado por la organización internacional Human Rights Watch (HRW), en el cual aseguró que esa entidad está “impulsando investigaciones penales por motivos políticos” contra el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.
“Desde que el presidente Arévalo asumió el cargo en enero de 2024, el Ministerio Público ha iniciado investigaciones penales contra su Gobierno sin presentar evidencia que sustente las acusaciones”, subrayó la entidad.
Al respecto, el Ministerio Público manifestó su rechazo y calificó de “falsas e infundadas” las declaraciones de Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, quien consideró que la fiscal general, Consuelo Porras, está “abusando de su cargo para perseguir penalmente a funcionarios”.
El ente investigador, por medio de su Departamento de Información y Prensa, aseguró que todas las investigaciones realizadas tienen sustento legal, lo que queda demostrado con las órdenes de captura giradas y las sentencias dictadas por los jueces.
“Se le recuerda, además, que el Ministerio Público es un ente autónomo, que no responde a intereses particulares y su accionar se enmarca en lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala”, enfatizó la oficina.
Asimismo, lamentó este pronunciamiento “erróneo” y que, en su opinión, refleja un profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco.
La fiscalía añadió que este tipo de declaraciones debilitan la democracia y fomentan la impunidad, ya que sugieren que el MP no investigue ni proteja los derechos de las víctimas que presentan denuncias.
En ese contexto, la entidad exhortó a las organizaciones financiadas por entes internacionales a ser responsables con sus pronunciamientos.
HRW resalta persecución judicial en Guatemala
La organización internacional también resaltó la persecución judicial por parte del Ministerio Público en contra de jueces, abogados, periodistas y todos aquellos que se oponen a sus intereses, además de su intervención en proceso judiciales de alto impacto.
“Su oficina (de Porras) también ha impulsado procesos penales arbitrarios contra jueces independientes, fiscales y periodistas”, recordó Human Rights Watch, con los ejemplos del periodista José Rubén Zamora Marroquín y los exfiscales Virginia Laparra y Stuardo Campo.
“Porras ha socavado las investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, incluso mediante el traslado o despido de los fiscales responsables de los casos”, enfatizó la nota de la entidad.
La cúpula del Ministerio Público, dirigida por Porras y secundada por el secretario general, Ángel Pineda, se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción.
El período de Porras Argueta culminará en 2026, ya que la ley guatemalteca establece que solo puede ser removida de su cargo si comete un delito in fraganti o es condenada judicialmente.
El Gobierno que preside Arévalo de León ha intentado modificar dicha ley, pero carece de fuerza en el Congreso, donde solo cuenta con 23 diputados de los 160 que componen el Parlamento.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7
