Cada día surgen más detalles sobre el polémico caso de la venta de entradas para el esperado partido entre Guatemala y El Salvador. Lo que en un principio se presentó como una distribución digital abierta para los aficionados guatemaltecos, terminó destapando un supuesto fraude en el que un reducido grupo acaparó una gran cantidad de boletos, dejando a la mayoría de seguidores sin la posibilidad de asistir al clásico centroamericano. La indignación entre los hinchas crece conforme se conocen nuevas irregularidades y las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido.
La primera polémica estalló a mitad de la semana cuando el diputado Jairo Orellana anunció en sus redes sociales que sortearía 10 entradas exclusivas para habitantes del departamento de Jalapa. Este anuncio generó un fuerte malestar en la población, especialmente entre quienes no lograron conseguir un boleto, pues consideraron injusto que un funcionario pudiera disponer de entradas mientras miles de aficionados nunca tuvieron acceso al sistema oficial de compra.
Anomalías en la venta de entradas para el Guatemala vs. El Salvador
Posteriormente, el jueves, el diputado José Chic presentó en el Congreso un informe detallado sobre las anomalías detectadas en la venta. Según lo revelado, hubo transacciones con montos desproporcionados en comparación con la normativa de la Fedefut, que establecía un máximo de cinco entradas por persona. En tan solo 23 transacciones con tarjeta de crédito se emitieron 2,370 boletos, lo que pone en evidencia un claro patrón de acaparamiento. Chic calificó los datos como alarmantes y pidió explicaciones inmediatas.
Entre los hallazgos más relevantes, se reportó que una sola transacción logró concentrar 243 boletos, otra alcanzó los 200 y otra más 175. En total, las cifras presentadas exponen la entrega de miles de entradas en grupos muy reducidos de compradores, contradiciendo el discurso de equidad que había prometido la Federación. A esto se suma que el informe carece de información básica como el número de DPI, los datos de las tarjetas o los nombres de quienes realizaron las compras, lo que dificulta aún más rastrear el destino de los boletos.
Como si lo anterior no fuera suficiente, un día después de la revelación del informe, el diputado Boris España sorprendió al anunciar que también sortearía entradas para el mismo encuentro. La controversia se intensificó debido a que los boletos que presentó eran físicos, pese a que la Fedefut había asegurado que toda la venta se realizó únicamente de forma digital. Esto levantó serias sospechas de que ciertos funcionarios públicos podrían haber recibido privilegios en la distribución.
Mientras tanto, la Federación de Fútbol de Guatemala guarda silencio. No ha emitido ningún comunicado oficial sobre la situación y borró de sus redes sociales todas las publicaciones relacionadas con la venta de boletos, además de restringir los comentarios desde hace dos semanas. Ante este panorama, los aficionados esperan respuestas claras y rápidas, ya que el caso no solo refleja un posible fraude, sino también la desconfianza creciente hacia las autoridades deportivas encargadas de garantizar la transparencia en eventos de gran magnitud.
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