La tensión entre la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y un grupo de diputados continúa escalando, especialmente tras el retraso considerable en la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores. La obra, que debía ser entregada este 6 de diciembre, apenas alcanzó un 35 % de avance, muy por debajo de las expectativas y los compromisos iniciales. En medio de este ambiente cargado, la Asamblea General de la CDAG emitió un fuerte pronunciamiento declarando "non gratos y enemigos del deporte" a 24 diputados que respaldan la Iniciativa de Ley 6690.
Los diputados señalados son: Gustavo Adolfo Cruz Montoya, Karina Alexandra Paz Rosales, Fidencio Lima Pop, Evelyn Oddeth Morataya Marroquín, Brenda Marleny Mejía López, Jairo Danilo Orellana Sandoval, Darwin Alberto Lucas Paz, Sonia Marina Gutiérrez Raguay, Alma Luz Guerrero De La Cruz, Sergio David Arana Roca, Pablo Leonel Cifuentes Ovalle, Darwin Edgardo Ramírez Cameros, Luis Fernando Aguirre Estrada, Raúl Antonio Solórzano Quevedo, Esduín Jerson Javier Javier, Neri René Mazariegos López, Jeovanni Omar Domínguez Orozco, Herman Otoniel Echeverría Casado, Marco Aurelio Mejía Alfaro, Alberto Eduardo de León Benítez, Byron Leonidas Tejeda Marroquín, Ivana María Luján Padilla, César Augusto Fión Morales y Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo. Según el comunicado, las acciones de estos legisladores "atentan contra la Constitución" y ponen en riesgo la autonomía del deporte federado, amparada por resoluciones previas de la Corte de Constitucionalidad sobre el régimen de autonomías en Guatemala.
Tensiones entre la CDAG y diputados por fiscalizaciones
La molestia de la CDAG se centra en la Iniciativa de Ley 6690, una propuesta que busca intervenir temporalmente la propia Confederación y las federaciones deportivas nacionales. Sus impulsores alegan que el objetivo es combatir la corrupción, transparentar el uso de los recursos —calculados en más de Q5 mil millones en una década— y garantizar que estos fondos beneficien directamente a los atletas. Según la propuesta legislativa, un interventor designado por el Ejecutivo sería el encargado de organizar elecciones internas y sugerir reformas a la Ley del Deporte Nacional en un plazo de un año. No obstante, la CDAG considera que dicha intervención vulnera la Constitución, al limitar la autonomía reconocida a los entes deportivos y abrir la puerta a posibles excesos del poder político.
El pronunciamiento concluye con un enérgico rechazo a la iniciativa, advirtiendo que apoyar o promover una intromisión en la autonomía deportiva podría constituir una "violación a la Constitución", tal como lo tipifica el artículo 381 del Código Penal.
Mientras tanto, el conflicto entre ambas partes continúa intensificándose, en un momento en el que el país enfrenta la incertidumbre por el retraso en una de las obras deportivas más importantes y la discusión pública alrededor del futuro del sistema deportivo nacional.
