Un grupo de diputados, encabezados por la parlamentaria Karina Paz, solicitaron una audiencia con Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), para exponer la situación que atraviesa el deporte federado guatemalteco. La petición fue formalizada mediante una carta fechada el 29 de septiembre de 2026 y dirigida a la sede del organismo en Lausana, Suiza, con el propósito de presentar información sobre las investigaciones y fiscalizaciones relacionadas con el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).
De acuerdo con el documento, los legisladores sostienen que ambas entidades están sujetas a investigaciones administrativas ante la Contraloría General de Cuentas y a denuncias penales ante el Ministerio Público por posibles actos de corrupción. La carta señala que las acciones de fiscalización se fundamentan en distintas leyes guatemaltecas y que están dirigidas exclusivamente a revisar el origen, manejo y destino de los recursos públicos. Los diputados también remarcan que, según su planteamiento, estas actuaciones no buscan intervenir en la autonomía técnica, deportiva u organizativa de las instituciones.
Diputados quedan a la espera de la respuesta del Comité Olímpico internacional
La solicitud ante el COI también está vinculada con la Iniciativa de Ley 6690, denominada Ley Temporal del Rescate Nacional del Deporte Federado Guatemalteco. La propuesta fue conocida por el pleno del Congreso en enero de 2026 y posteriormente recibió dictamen favorable con modificaciones por parte de la comisión correspondiente. Entre sus objetivos figura establecer un marco temporal para reorganizar el deporte federado y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa contempla una intervención temporal de la CDAG mediante un Acuerdo Gubernativo y el nombramiento de un interventor, quien tendría atribuciones para supervisar la administración y los recursos de la institución y, bajo las condiciones planteadas por el proyecto, participar en procesos relacionados con federaciones y asociaciones. Los promotores argumentan que la propuesta responde a señalamientos sobre falta de transparencia, denuncias de corrupción y obras deportivas pendientes. Al mismo tiempo, la CDAG y algunos atletas han cuestionado la iniciativa al considerar que podría afectar la autonomía constitucional de los organismos deportivos.
La petición al COI se produce en medio de una serie de fiscalizaciones relacionadas con los recursos utilizados durante los Juegos Centroamericanos 2025. En mayo, la Comisión de Deportes del Congreso citó a autoridades del COG y la CDAG para solicitar información sobre gastos que superaron los Q50 millones, mientras que en junio se revisaron transferencias y recursos vinculados con las justas. El 28 de septiembre, además, el diputado José Chic informó sobre la presentación de una querella por presuntas irregularidades en el manejo de fondos relacionados con el evento. En este contexto, los diputados plantean viajar a Suiza para exponer ante el COI sus cuestionamientos y solicitar un canal de comunicación directo, aunque la posibilidad de realizar el viaje también ha generado críticas públicas por el eventual costo que representaría para el Estado.
