La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó la publicación en el diario oficial La Gaceta de un decreto legislativo que dispone un recuento voto por voto de las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) de las recientes elecciones presidenciales, una decisión que ha intensificado la tensión política en el país y generado reacciones a nivel internacional.
Con la entrada en vigencia del decreto, queda sin efecto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que había proclamado como ganador de los comicios a Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional. La publicación se produjo menos de 24 horas después de que un grupo reducido de diputados del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) aprobara la medida en una sesión legislativa cuestionada por falta de quórum.
El decreto instruye al CNE a repetir el escrutinio, bajo el argumento de que quedaron sin contabilizar 306 actas presidenciales, así como miles de actas correspondientes a diputaciones y corporaciones municipales. Además, ordena que una comisión especial comparezca ante el Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades penales por la forma en que se condujo el proceso de conteo.
La controversia se remonta al 24 de diciembre, cuando el CNE anunció la victoria de Asfura. La proclamación fue rechazada por autoridades del Congreso Nacional y por el consejero electoral Marlon Ochoa, quien denunció una supuesta alteración de la voluntad popular. Pese a las objeciones, el órgano electoral ratificó los resultados el 30 de diciembre, sin resolver todas las impugnaciones.
Guatemala se suma a países que rechazan decreto electoral en Honduras
La decisión de Castro provocó una reacción internacional inmediata. Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron el decreto, reafirmaron su reconocimiento a la proclamación oficial del CNE y condenaron los actos de violencia política registrados en días recientes.
Los países firmantes instaron a las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, en un contexto marcado por la incertidumbre y la polarización institucional.
