Para este viernes 10 de enero estaba programa una audiencia relacionada con el caso TREP, donde están señalados cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por supuestamente incurrir en anomalías al momento de adquirir el sistema informático utilizado en el proceso electoral 2023; sin embargo, fue suspendida.
En la diligencia se daría seguimiento a una recusación planteada por el Ministerio Público (MP) contra dos integrantes del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, argumentando que han retardado las resoluciones.
Las partes estaban convocadas para esta mañana con el fin de darle seguimiento al caso; sin embargo, no acudieron a la Torre de Tribunales los representantes de la fiscalía por motivos que se desconocen. También se planteó una excusa por parte de la defensa de uno de los acusados, así que no se puedo continuar.
El abogado César Calderón, quien representa a los magistrados electorales, explicó que la audiencia fue reprogramada por la Sala Tercera de Apelaciones, que tiene a su cargo del expediente.
"La nueva fecha fijada es el lunes 13 de enero. El motivo de la audiencia es que se discuta la recusación planteada por el Ministerio Público en contra de los jueces "A" y "B" del Juzgado Segundo",
señaló el profesional.
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Caso TREP
A mediados del año pasado, la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó que el expediente del caso TREP fuera enviado al Juzgado Segundo Penal; sin embargo, ambos jueces fueron recusados por el ente investigador.
En el marco de este expediente judicial, las autoridades electorales enfrentan proceso penal y no pueden acercarse a las sedes del TSE ni comunicarse con el personal de la institución, lo que les impide desempeñar funciones hasta resolver su situación.
La fiscalía les atribuye a los togados una serie de irregularidades en el proceso de adquisición del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que se utilizó en el más reciente proceso de elecciones generales.
Al respecto, los magistrados han asegurado en distintas ocasiones que se verificó ampliamente que se cumplía con todos los requisitos técnicos, de equipamiento, logísticos y de infraestructura para la transmisión de resultados preliminares de votación.
Sin embargo, el Ministerio Público considera que hubo anomalías, incluso se habla de una posible sobrevaloración. En ese contexto, a los magistrados titulares del TSE se les atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
El ente investigador sostiene que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones y que, además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7
