La organización Transparencia Internacional (TI) publicó este martes 11 de febrero el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2024. En este, según la entidad, se reflejan "resultados alarmantes", pues se consideró que la mayoría de los 180 países analizados han hecho poco o ningún progreso en la lucha contra la corrupción.
Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 76, 63 y 58 puntos, respectivamente, con cien puntos como la mejor puntuación posible.
El informe destaca el papel de Uruguay, con instituciones sólidas, una gestión transparente de datos ambientales y canales efectivos de participación ciudadana, lo que ha contribuido a proteger al país de la polarización y el populismo que afectan a muchos países de la región.
Posición de Guatemala en el índice
Según el estudio, Guatemala se encuentra entre las naciones por debajo de los 50 puntos, pues obtuvo un total de 25, es decir, dos más que los reflejados en el período anterior.
El informe de TI resalta avances observados en la nación centroamericana durante el 2024, siendo este el primero año de gestión del presidente Bernardo Arévalo en el Gobierno. Menciona que fueron abiertos canales de participación ciudadana y se comenzó a digitalizar funciones públicas para reducir los riesgos de corrupción.
De igual forma, indica que República Dominicana implementó acciones similares que han resultado efectivas, aunque señala que ambos países tienen aún un largo camino por recorrer para combatir la impunidad.
Por contra, el aumento en las restricciones a la información pública y la participación ciudadana constituye uno de los mayores retrocesos en la región, indica la ONG, que alude explícitamente a los casos de Argentina y El Salvador.
También destaca la trayectoria descendente de México, que pierde cinco puntos en sólo un año, con un poder judicial débil, opaco y complaciente que no ha tomado medidas en casos de corrupción emblemáticos como Odebrecht y Segalmex.
Delitos medioambientales y asesinato de activistas que los denuncian
Según el informe de TI, la debilidad de las instituciones y la falta de transparencia permiten que el crimen organizado controle vastas áreas de la región de las Américas -que incluye 32 países-, donde explota recursos naturales sin tener en cuenta las consecuencias para el medioambiente, y lo hace con total libertad de acción e impunidad.
Esto facilita los delitos ambientales, como la tala ilegal en Ecuador, la minería ilegal en Chile y Colombia, y el tráfico de flora y fauna silvestres en Brasil, agrega la ONG con sede en Berlín.
A lo largo de la región de las Américas, cuya puntuación promedio es de 42 sobre 100 -un punto menos respecto a un año atrás y uno menos que el promedio global-, estas actividades se sostienen gracias a la corrupción y el lavado de dinero, que implican asimismo a las élites políticas y económicas, que recurren a fraudes en contrataciones públicas, sobornos y a la manipulación de políticas ambientales para su propio beneficio.
* El informe completo puede ser consultado en este enlace:
Así, en Brasil, por ejemplo, un informe reciente identificó 24 casos de fraude, corrupción y lavado de dinero derivados del tráfico de vida silvestre y en Perú, expertos señalan que la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de 2024 fomentará la deforestación ilegal y responde a intereses particulares.
Además, prácticamente el 80 % de los 1.013 asesinatos de defensores ambientales cometidos desde 2019 tuvieron lugar en las Américas (794) y, en particular, en Brasil, Colombia y México, lo que la convierte en la región más peligrosa para estos activistas, destaca el informe.
En Honduras, investigaciones recientes revelaron la participación coordinada de empresarios, políticos y el crimen organizado en al menos tres asesinatos de defensores ambientales, que habían expuesto esquemas de corrupción que implicaban a estos actores.
