Las autoridades le dan seguimiento al caso del trágico accidente de tránsito ocurrido la semana pasada en la calzada La Paz, zona 6 capitalina, donde un bus cayó a un barranco, lo que generó la muerte de 54 personas y dejó a otras nueve heridas. En ese sentido, este lunes 17 de febrero se confirmó la información acerca de las sanciones aplicables por este caso.
El viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Fernando Suriano, aseguró durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura que en la Dirección General de Transportes (DGT) se creó un expediente específico al respecto de este lamentable hecho.
"Las leyes están fragmentadas y hay que ponerlas de forma adecuada para que se vuelva un tema sistemático y que todas estas acciones se puedan sancionar e impacte en la prevención", expuso en cuanto al seguimiento que se busca al contar con una carpeta del tema.
Asimismo, indicó que luego de ocurrido el accidente, se ha venido sancionando en el ámbito de competencia del Ministerio de Gobernación, mientras que por parte de la DGT lo que corresponde es la aplicación de dos multas.
"Una es por estar fuera de la ruta, (y hacemos) un llamado a realmente cumplir las rutas que están autorizadas en todo el sector del transporte. La segunda, es por contar con un piloto sin las condiciones y licencias adecuadas", expuso el funcionario.
Añadió que, de acuerdo con el marco de la ley, los montos que corresponden son de Q10 mil, por uno de los conceptos mencionados; y de Q5 mil por el otro. Es decir, un total de Q15 mil en sanciones para el transportista a cargo de esta unidad extraurbana.
Buscan resolver "desastre" institucional en tema de transportes
El viceministro de Transportes consideró que hace falta avanzar en el manejo de este tipo de situaciones que enlutan a las familias guatemaltecas, para lo cual resaltó la necesidad de reforzar la aplicación de las leyes y la coordinación entre instituciones.
"Ha sido una dinámica de muchos años, toda vez que las entidades que tienen la responsabilidad legal de encargarse de la prevención y también de las sanciones hacia la parte del transporte que no se maneja con responsabilidad, no han trabajado históricamente coordinadas y, en particular la DGT, donde por décadas prácticamente no ha hecho lo que le corresponde", dijo.
Explicó que, desde el año pasado, por instrucciones del presidente Bernardo Arévalo, se inició con el proceso de recuperación de la institucionalidad, donde en cumplimiento de los objetivos y el marco jurídico actual, se busca atender "el desastre" en la parte institucional.
En ese contexto, aseguró que se ha venido trabajando por parte de la cartera de Comunicaciones de manera coordinada con el Ministerio de Gobernación para las distintas atenciones que se tienen. También se han tenido reuniones con diferentes sectores, gremiales de transporte de carga y de personas, incluido el urbano y extraurbano.
El enfoque de estos acercamientos es el fortalecimiento de los procesos en ese marco jurídico de lo que corresponde al tema del Ejecutivo, incluidas las propuestas para fortalecer la legislación que data de 1946.
"En la DGT, hay sanciones que nunca habían sido aplicadas a distintos sectores, muchas denuncias de parte de transportistas que no querían denunciar. Afortunadamente se ha visto cómo han venido agarrando confianza en las autoridades y lo que estamos haciendo, así que se empiezan a recibirse estas denuncias", puntualizó.
