El Sector Privado Organizado se pronunció por la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto a los amparos relacionados con la reserva formulada por el Estado de Guatemala al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, informó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
De acuerdo con el CACIF dicha resolución ratifica la primacía de la Constitución Política de la República como norma suprema del ordenamiento jurídico guatemalteco, tal como se establece en los artículos 44, 175 y 204 de la Carta Magna.
"Esta claridad jurídica es esencial para preservar el Estado de Derecho, garantizar la seguridad jurídica y mantener la estabilidad republicana del país.", indicó el CACIF a través de un comunicado.
Según el CACIF se brinda certeza jurídica tanto a los guatemaltecos como a actores económicos y sociales, nacionales e internacionales, constituyendo esto un factor determinante para un clima de inversión responsable, la generación de empleo formal y la estabilidad económica.
Este tipo de resoluciones son necesarias para evitar interpretaciones jurídicas que puedan poner en riesgo el marco constitucional vigente y los principios que sostienen el contrato social del país, indica.
Cámara del Agro
La Cámara del Agro de Guatemala señaló que dicha resolución, al proteger el texto y espíritu de la Constitución Política de la República, representa un paso trascendental para la certeza jurídica y la estabilidad institucional necesarias para la inversión y el desarrollo productivo del país.
"La decisión fortalece el principio de supremacía constitucional, consagrado en los artículos 44, 175 y 204 de la Carta Magna, que establece que ninguna ley ni tratado prevalece sobre lo dispuesto por la Constitución", indica.
Cámara del Agro confía en que la sentencia definitiva profundizará sobre la naturaleza republicana del Estado, sus principios fundamentales como la defensa de la propiedad privada, la independencia de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, y el respeto a los derechos inherentes de la persona- que sustentan la vida democrática del país.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) indicó que la certeza jurídica suma a la competitividad del país y con ello, al crecimiento económico y la generación de empleo.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*
