El presidente Bernardo Arévalo afirmó este jueves que el Gobierno de Guatemala evitó lo que pudo haber sido la peor crisis portuaria en la historia del país, tras la anulación del contrato entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Según explicó el mandatario, la rápida intervención del Ejecutivo permitió estabilizar las operaciones de uno de los principales puertos del país, que maneja el 45 % de las exportaciones y el 30 % de las importaciones nacionales.
La anulación del contrato fue resultado de un proceso judicial que evidenció irregularidades y actos de corrupción. Ante la incertidumbre generada, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) interpuso un amparo exigiendo al gobierno tomar acciones inmediatas para evitar la paralización de las operaciones.
Modelo de gestión indirecta
El presidente de la EPQ, vicealmirante Jorge Antonio Lemus, explicó que, ante esta situación, se optó por implementar un modelo de gestión indirecta. A diferencia del esquema anterior, que funcionaba como una concesión, la nueva modalidad permite que la EPQ conserve el control sobre los ingresos y pague al operador privado —actualmente APM Terminals— por los servicios prestados. Esta medida, explicó, garantizó la continuidad de operaciones y la legalidad del proceso.
El nuevo modelo exigió una rápida coordinación entre diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de la Defensa, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la propia EPQ. Además, se integraron los sistemas operativos y aduanales, incluyendo el control del Depósito Aduanero Temporal (DAT), ahora bajo administración de la empresa estatal.
El Gobierno también anunció que, junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, se trabaja en un plan para modernizar las instalaciones del puerto, priorizando la legalidad, la soberanía y el desarrollo económico del país. Paralelamente, se lanzó una licitación internacional abierta y transparente para consolidar esta nueva etapa.
La administración Arévalo ha asegurado que el proceso no solo resolvió una crisis, sino que sienta las bases para una gestión portuaria más eficiente, transparente y alineada con los intereses nacionales.
