El Ministerio Público (MP) desestimó las denuncias presentadas por el juez Erick García en las que señaló que había sido víctima de amenazas por sus actuaciones dentro del caso del periodista José Rubén Zamora.
El expediente relacionado con la situación del togado estaba a cargo de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas. En este se exponía la situación de amenazas, amedrentaciones y presiones de las que el afectado aseguró que estaba siendo víctima por estar conociendo el referido caso..
En tanto, la información compartida este jueves 24 de julio refleja que el ente investigador remitió un oficio en el que indicó que no fue posible encuadrar los elementos de los posibles delitos investigados, pues no existe una o varias personas debidamente individualizadas a quienes puedan atribuírseles tales acciones.
En el documento se agregó que, en el referido contexto, no es procedente hacer un requerimiento coercitivo ante juez competente.
En ese sentido, se indicó que el MP está imposibilitado de continuar con la investigación de la denuncia toda vez que, derivado de las diligencias de investigación realizadas, hasta el momento, no es posible individualizar al o los presuntos responsables de los hechos denunciados.
En virtud de no haber sido posible individualizar ninguna persona, de conformidad con medios de investigación recabados, la fiscalía consideró que es procedente archivar el caso.
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Juez expuso amenazas durante audiencia
El juez Erick García, titular del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, que le da seguimiento al caso contra Zamora, reveló el pasado 10 de marzo que él y su personal han sido objeto de amenazas por parte de personas desconocidas.
Su declaración se dio durante la audiencia en la cual el togado le dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones sobre revocar las medidas sustitutivas que se le habían otorgado al fundador del diario el Periódico.
El juez expuso que Zamora debería volver a la misma situación jurídica en la que se encontraba anteriormente, con motivo de haber quedado sin efecto todo lo actuado posterior al 17 de octubre de 2024, lo que abarca la medida sustitutiva impuesta.
"Esto es en cumplimiento a lo ordenado por la honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones y, como lo establece el artículo 9 del Código Procesal Penal, debo de acatar y cumplir con lo que establece dicho artículo de ley", dijo.
Por aparte, dio a conocer que buscaba dejar constancia en el audio de la diligencia sobre el tema de las acciones de las que ha sido víctima.
"Debo de hacer de conocimiento también de la población en general que durante todo este tiempo atrás la judicatura, los jueces y el personal ha sido objeto de intimidaciones y amenazas por personas desconocidas. Queremos dejar esto también debidamente plasmado", expresó.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
