El presidente Bernardo Arévalo emitió este miércoles, 15 de octubre, un pronunciamiento con respecto al tema de seguridad en el país, en el que anunció la salida del cargo del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y dos viceministros de esa cartera. Esto ocurrió luego de que se confirmara recientemente la fuga de privados de libertad de la cárcel Fraijanes II, de los que solo uno ha sido recapturado.
En cadena nacional, el mandatario indicó que lo ocurrido en el Sistema Penitenciario es inaceptable. "La evasión de la justicia de 20 criminales peligrosos no es un simple fallo operativo, es una falta grave contra cada guatemalteco de bien que confía en que el Estado cumplirá su deber de protegerlo", dijo.
En ese contexto, señaló que durante estos momentos de tensión colectiva han vuelto a aparecer los que describió como "actores políticos oportunistas, sospechosos habituales y muy bien identificados," asociados a partidos políticos que mantienen vínculos con redes delincuenciales y que ahora, según sus palabras, de manera despreciable se buscan aprovechar de esta delicada situación.
"Ellos son los responsables de que nuestras instituciones enfrenten ahora mismo una situación como esta. El pueblo de Guatemala no se deja engañar. Tanto el pueblo como el gobierno sabemos que la lucha, al final del día, es contra todos los corruptos", expresó.
El gobernante indicó que, desde el primer momento que tuvo conocimiento sobre este caso, activó todos los protocolos de seguridad y ordenó el despliegue inmediato de los recursos necesarios para la recaptura de los reos evadidos.
Asimismo, ha estado trabajado de manera intensa con los equipos encargados de temas de seguridad del Gobierno, incluyendo las carteras de Gobernación y de la Defensa, así como la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. También indicó que estuvo en sesiones de trabajo con socios estratégicos internacionales para determinar el mejor curso de acción, sabiendo que la seguridad de Guatemala es clave y no hay tiempo que perder.
"El objetivo no es solo superar estos momentos complejos, sino salir fortalecidos en nuestras capacidades para derrotar a las pandillas criminales que amenazan la vida tranquila de las familias guatemaltecas. Y asegurar que las cárceles sirvan como centros de cumplimiento de pena y no como universidades del crimen", enfatizó.
En ese sentido, compartió que tomó una serie de decisiones, entre estas, la implementación de cambios en el equipo a cargo de las tareas de seguridad del país. Por ello, aceptó las renuncias del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, así como de la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia; y del viceministro de Seguridad, José Portillo.
Proceso de fortalecimiento del Sistema Penitenciario
El gobernante señaló que, más allá de las responsabilidades individuales, se está emprendiendo un "proceso sin precedentes" de fortalecimiento del Sistema Penitenciario, por lo que se pondrán en marcha las siguientes medidas:
- Se iniciará inmediatamente la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2 mil reclusos, la cual está previsto que esté lista en funciones en 12 meses. El proyecto responderá a los más altos estándares en prisiones de esta naturaleza y la edificación estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
- En paralelo, se remozarán las cárceles existentes para asegurar que el control esté en manos de las autoridades y no de los presos.
- Se llevará a cabo un censo de la población penitenciaria de todo el país, lo que permitirá tener por primera vez en la historia la identidad y localización específica de los privados de libertad. Se utilizará equipo biométrico para el análisis con huella digital para garantizar la efectividad en la identificación.
- Se creará una fuerza de tarea coordinada por la Instancia de Asuntos de Probidad del Ministerio de Gobernación, que trabajará en coordinación con la Comisión Nacional contra la Corrupción y en conjunto con las inspecciones de distintas dependencias. Su función será revisar los procesos administrativos y normativos, cerrando espacios a la corrupción, generando controles efectivos y corrigiendo las fallas estructurales en dos instituciones clave: la PNC y el Sistema Penitenciario.
