La fiscal general Consuelo Porras a través de una publicación en X, la noche de este lunes 16 de febrero, rechazó las acusaciones difundidas en su contra por parte de la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwait, quien manifestó su preocupación con respecto a un caso que surgió sobre adopciones ilegales en el que podría estar involucrada Porras.
"Rechazo categóricamente una vez más, como lo he hecho reiteradamente, las acusaciones falsas y políticamente instrumentalizadas que han sido difundidas en mi contra", manifestó Porras a través de una publicación X.
Indicó que los señalamientos carecen de sustento probatorio y son completamente malintencionadas, mismas que, lejos de tutelar los derechos humanos, los vulneran y distorsionan.
La fiscal general anunció que iniciará las actuaciones correspondientes ante los mecanismos competentes de las Naciones Unidas a fin de que las declaraciones emitidas sean objeto de revisión, aclaración y corrección.
"Mi actuación se ha regido y continuará rigiéndose estrictamente por la Constitución y la ley. La defensa de la honra y la reputación por las vías legales es un ejercicio legítimo del debido proceso y del Estado de Derecho.", indicó.
Piden investigación
Un grupo de expertos de la ONU pidió "investigaciones independientes" sobre la supuesta implicación de varios funcionarios públicos, entre ellos la cuestionada fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en el caso de las adopciones ilegales durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Los expertos se mostraron "preocupados" por la información recibida sobre que "al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el 'Hogar Temporal Elisa Martínez' después de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala".
"Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas", señaló el grupo de la ONU en un comunicado fechado en Ginebra.
Los expertos pidieron en su comunicado "investigaciones independientes sobre las alegaciones de que en estos procesos de adopciones ilegales internacionales, supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos".
Incluyendo, añadió el documento, a Consuelo Porras, actual Fiscal General sancionada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) por presunta corrupción, quien fue "según se informa, la 'tutora legal' de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982".
Los expertos señalaron que "actualmente se está llevando a cabo un proceso de nombramiento judicial" e instaron "a todos los actores a ejercer cautela ante estas graves alegaciones, que aún no han sido investigadas".
