El diputado, José Chic, realizó una reunión este martes 24 de febrero con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar Social, con el fin de dar seguimiento a la denuncia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre supuestas adopciones ilegales, en las que estaría involucrada la fiscal general, Consuelo Porras.
Durante la misma, autoridades de la PGN detallaron que la fiscal de sección Leonor Morales de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, es quien dará seguimiento a las dos denuncias presentadas por el caso de adopciones ilegales.
El Gobierno de Guatemala, solicitó el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general, Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El titular de la PGN, Julio Saavedra, explicó en una rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) con el fin de que los hechos se investiguen con "objetividad" e "independencia".
Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo para contribuir al proceso y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso, según detalló el funcionario.
Según el titular de la PGN, el comunicado divulgado por expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que vincula a Porras con adopciones irregulares durante el conflicto armado interno (1960-1996), constituye un "llamado urgente" ante graves vulneraciones a los derechos de la infancia.
El informe de los expertos de la ONU detalló su "preocupación" por información que apunta a que "al menos 80 niños indígenas fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, después de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996".
Porras, actual fiscal general y sancionada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) bajo cargos de corrupción, habría actuado como "tutora legal" de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982, de acuerdo con el documento de los expertos.
El pasado lunes, la fiscal general —quien debe dejar el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión— negó cualquier participación en dichas adopciones y acusó a la ONU de difundir señalamientos "falsos" y "politizados".
Sancionada
Morales es la misma fiscal que recientemente dirigió los allanamientos en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) durante la segunda vuelta electoral para la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, también intentó tumbar los resultados electorales de los comicios de 2023 que llevaron a la presidencia a Arévalo de León.
Tanto Morales como la cúpula de la Fiscalía se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción.
Con información de agencia EFE y Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*
