La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió este lunes 9 de marzo que las designaciones de segundo grado son decisivas para determinar si los patrones de captura institucional se consolidan o se revierten en Guatemala.
Durante una conferencia de prensa, la funcionaria presentó las conclusiones del informe tras las observaciones que realizó en el marco de su visita al país en mayo de 2025, en las que resaltó que el sistema de justicia se encuentra actualmente en una "profunda crisis".
Según sus palabras, pudo determinar que se cuenta con un sistema judicial que en el pasado ha mostrado capacidad para enfrentar la corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, pero que actualmente se enfrenta desafíos y situaciones que debilitan la independencia judicial y principalmente la confianza pública.
"La instrumentalización del derecho penal, la concentración de poder en instituciones clave, la persecución de operadores de justicia independientes, han socavado gravemente la independencia judicial y la confianza pública. Guatemala presenta hoy un sistema en el cual la justicia se aplica de manera selectiva, influida por intereses políticos, poder económico y conexiones personales", dijo.
Resalta necesidad de reformas
De acuerdo con Satterthwaite, Guatemala se encuentra en una coyuntura crítica, el desmantelamiento de los esfuerzos contra la impunidad y la criminalización sistemática de jueces, fiscales, abogados, periodistas, autoridades indígenas y personas defensoras de derechos humanos han puesto de manifiesto debilidades estructurales.
También expuso que estas dinámicas afectan de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, mujeres y otros grupos vulnerables, quienes enfrentan barreras estructurales para acceder a la justicia.
"El exilio forzado de operadores de justicia ha debilitado la capacidad institucional, profundizando la impunidad y dejando a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos sin recursos efectivos", añadió.
En ese contexto, la relatora señaló que, sin reformas, existe el riesgo de que el sector justicia siga siendo utilizado como una herramienta de persecución. Por ello, indicó que se requieren acciones urgentes y coordinadas en todos los Poderes del Estado.
Finalmente, mencionó que la independencia judicial, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos deben garantizarse efectivamente en la práctica.
"Celebra" investigación que vincula a Porras
La relatora de la ONU agregó que "celebra la noticia" de que el Gobierno haya iniciado una investigación acerca de la presunta vinculación de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, en un caso de adopciones ilegales.
