Diversas organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en Guatemala y denunciaron el uso del sistema judicial como mecanismo de persecución contra periodistas, medios independientes y voces críticas.
A través de una carta dirigida al fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, las entidades señalaron que durante los últimos ocho años se ha consolidado un patrón de criminalización, intimidación y hostigamiento contra comunicadores que investigan corrupción y abusos de poder.
El documento cita informes de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), los cuales advierten sobre el incremento de procesos judiciales, campañas de difamación, vigilancia y exilio forzado de periodistas guatemaltecos.
Piden justicia
Las organizaciones también destacaron el caso del periodista José Rubén Zamora, considerado un símbolo de la persecución contra la prensa independiente. Según la carta, su encarcelamiento y los procesos judiciales en su contra han sido cuestionados por organismos internacionales que los consideran represalias por su trabajo periodístico y sus investigaciones sobre corrupción.
Asimismo, la APG documentó cientos de agresiones y restricciones contra periodistas en los últimos años, incluyendo acoso judicial, intimidaciones y ataques al ejercicio periodístico. De acuerdo con informes citados en la misiva, más de 20 periodistas guatemaltecos se vieron obligados al exilio entre 2022 y 2023 debido a amenazas y persecución judicial.
Las organizaciones firmantes alertaron que la persistencia de ataques y asesinatos contra periodistas en un contexto de alta impunidad ha generado un clima de miedo y autocensura incompatible con los estándares democráticos y las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala.
Finalmente, hicieron un llamado al Ministerio Público para garantizar el respeto a la libertad de expresión, cesar la criminalización de periodistas y asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio libre e independiente del periodismo en el país.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
