El Ministerio Público (MP) decidió retirar la apelación presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), liderada por Rafael Curruchiche, que buscaba que el periodista José Rubén Zamora regresara a prisión.
Zamora, en entrevista telefónica con el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, reaccionó ante esta noticia señalando un ambiente menos hostil en el Ministerio Público y compartiendo cómo esto ha impactado en los procesos legales en su contra.
"Me siento muy satisfecho", aseguró Zamora, resaltando que ahora puede acudir al MP -donde debe presentarse semanalmente- en un entorno más tranquilo y menos tóxico.
Por aparte, explicó que tenía dos apelaciones pendientes y que en una de ellas ya cumplió el 72% de una condena anticipada por delitos que asegura no cometió.
Detalles sobre los procesos legales que enfrenta Zamora
Zamora relató que uno de los casos en su contra carece, según él, de sustento y que aún no ha sido juzgado. "Lo único que se discute es si enfrento estos procesos desde mi casa o la cárcel", explicó, añadiendo que ha cumplido anticipadamente el 98% de la sentencia en otro expediente, particularidad que considera absurda porque el juicio todavía no existe oficialmente.
El periodista subrayó que aún está a la espera de que el MP desista de la segunda apelación, la cual está relacionada con incidentes en el aeropuerto y una supuesta obstrucción, y mantiene la fe en poder continuar su defensa en libertad.
Intentos de fabricar nuevos cargos
Zamora denunció que el MP, durante la administración anterior, intentó abrir un nuevo expediente por revelación de información confidencial, delito que, según la ley, solo corresponde a funcionarios públicos, condición que él nunca ha tenido.
"Cuando fracasaron en mantenerme preso porque prácticamente ya he cumplido las sentencias de manera anticipada, buscaron fabricar este caso nuevo. Yo tuve conocimiento de que lo iban a hacer ocho días antes y no sabía qué caso iban a fabricar. De repente recibimos una llamada (a) un teléfono que usa una persona que trabaja aquí en la casa y es la única que me llevaba la comida y cuando necesitaba una medicina en Mariscal yo lo llamaba, pero tenían controlado el celular. Me pasó la llamada y una auxiliar fiscal me dijo que estaba citado", compartió.
Agregó que la citación fue irregular, pues la recibió de manera telefónica, sin el debido respaldo por escrito ni detalles sobre si debía acudir como testigo o sindicado, un procedimiento que, reiteró, contraviene la ley guatemalteca.
Según el periodista, gracias a estas irregularidades, el proceso no prosperó y los funcionarios decidieron apelar para intentar devolverlo a prisión.
Manipulación y obstáculos en la justicia
Durante la entrevista, Zamora señaló la existencia de intervenciones externas en los casos presentados por él mismo contra funcionarios y operadores de justicia. Narró que entregó una denuncia formal en la ventanilla del MP, dirigida contra distintas autoridades y una fundación.
Sin embargo, tras la intervención de la fiscal Cintia Edelmira Monterroso, una de las implicadas en la denuncia, su caso fue trasladado a la Agencia de Desjudicialización, instancia donde, afirma, solo llegan expedientes que no prosperan o buscan acuerdos extrajudiciales.
Zamora recalcó que existe un conflicto de interés en esta decisión, pues Monterroso fue mencionada en la denuncia, hecho que considera carece de imparcialidad.
Solidaridad con otros detenidos y llamado urgente a las autoridades
Al ser consultado por la situación del exfiscal Stuardo Campo y los exlíderes de 48 Cantones, Luis Pacho y Héctor Chaclán, quienes siguen en prisión, Zamora calificó como "infame y escandaloso" que estos actores sociales, por defender la democracia, sean acusados y privados de libertad.
Recordó que, desde 1985, Guatemala apostó por la democracia para encontrar una salida política y económica a sus problemas, y criticó que actualmente las prácticas de criminalización prevalezcan contra quienes luchan por los derechos de las mayorías excluidas.
Finalmente, Zamora pidió a la fiscalía, al Ejecutivo y al Poder Judicial que agilicen los procesos para que Campo y los representantes de 48 Cantones puedan salir libres lo antes posible, asegurando que mantenerlos presos bajo estas condiciones constituye un crimen contra la sociedad.
