La jueza Dinora Martínez, titular del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, rechazó la recusación presentada en su contra con la cual se buscaba que fuera apartada de conocer el proceso que se sigue contra Carlos Acevedo Navas, señalado de embestir en varias ocasiones al motorista Larkin Morales.
El referido recurso fue presentado por la abogada defensora del sindicado, Delmy Castañeda, y por el querellante adhesivo, Édgar Morales, quienes solicitaron que la juzgadora fuera separada del juicio al considerar que existía un aparente conflicto de intereses. No obstante, la togada resolvió rechazar la petición, por lo que seguirá a cargo del expediente.
Recientemente, ese mismo tribunal le otorgó medidas sustitutivas a Acevedo Navas, una decisión que ha sido cuestionada por la víctima y su familia; sin embargo, las mismas fueron autorizadas por la jueza Verónica Ruiz, quien en ese momento cubría el período de vacaciones de la titular.
Ahora, tras la decisión de rechazar la recusación, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal continuará con el trámite del proceso hasta las siguientes etapas judiciales, pero con Martínez al frente.
MP apela medidas sustitutivas otorgadas a señalado de embestir a motorista
El Ministerio Público (MP) presentó el pasado 10 de julio una apelación en contra de la resolución emitida por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, la cual benefició con medidas sustitutivas a Carlos Ovidio Acevedo Navas, señalado de embestir a un motorista y causarle graves lesiones.
El ente investigador expuso que el fallo que permite al sindicado recuperar su libertad se emitió a pesar de que carece de suficientes argumentos. Además, señaló que se observaron contradicciones de la juzgadora Verónica Ruiz al momento de resolver.
Fue el pasado 2 de julio que el referido tribunal determinó que Acevedo Navas podría seguir el proceso penal en su contra estando en libertad. Específicamente, se definió que quedaba revocada la prisión preventiva y se le otorgaron las siguientes medidas sustitutivas: arresto domiciliario, caución económica de Q15 mil; registro bajo control biométrico una vez al mes en el Ministerio Público; arraigo (prohibición de salir del país sin autorización judicial).
La decisión a favor del acusado surgió a pesar de que el MP se opuso durante la audiencia correspondiente y explicó que existe riesgo de evadir a la justicia y que existe riesgo de evadir a la justicia y de obstaculización a la averiguación de la verdad.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7
