El cierre del vertedero ubicado en el kilómetro 22 de la ruta hacia el Pacífico, que recibe desechos de 32 municipios del departamento de Guatemala, estaba programado para concretarse en estos meses, pero una prórroga ha permitido extender su operación. Ahora, como medida de solución parcial, se planea la construcción de una planta de tratamiento de desechos sólidos, que estaría lista en un plazo de 18 meses a partir de la colocación de la primera piedra.
Carlos Marroquín, vocero de la Gremial de Recolectores de Desechos Sólidos de Guatemala, explicó en entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas que la iniciativa de la planta comenzó a gestarse en noviembre de 2019, antes de la pandemia. La gremial buscó apoyo en corporaciones internacionales hasta conseguir una entidad dispuesta a financiar el proyecto, cuyo costo asciende a 1 mil 200 millones de dólares.
La financiación provendrá de una corporación internacional que apoyará durante cinco años el desarrollo y funcionamiento de la planta, trayendo expertos en tecnología, para luego dejar el proyecto en manos de la gremial. El pago de la inversión se realizará a través de un banco y el compromiso contempla que la planta permitirá tratar aproximadamente el 45% de los desechos urbanos generados en el departamento de Guatemala.
Funcionamiento de la planta y otras medidas
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales decidió posponer el cierre técnico del vertedero administrado por AMSA, lo que da tiempo a la gremial para arrancar la operación de la nueva planta. Marroquín destacó que, paralelamente, existe un plan educativo que busca crear más conciencia sobre la importancia del manejo de desechos entre todos los habitantes del país, aunque reconoce que aún falta trabajo en este aspecto.
Programas pilotos desarrollados por la gremial, como el que involucró a personas mayores en la limpieza de calles en Ciudad Peronia y Villa Nueva, han demostrado la viabilidad de incentivos económicos y esfuerzos educativos locales. Sin embargo, Marroquín admite que incluso en zonas acomodadas existe resistencia al pago por recolección de basura, y muchos ciudadanos no pueden costear el servicio, lo que ha motivado iniciativas legislativas bajo el lema "quien ensucia paga" para fomentar la corresponsabilidad.
Para pagar la deuda del financiamiento internacional —más de nueve mil millones de quetzales— la planta contará con varias fuentes de ingresos. El sistema permitirá la producción y comercialización de energía, el reciclaje y tratamiento de llantas como materia prima, la manufactura de compost y subproductos útiles para cementeras. Además, se espera que la planta incremente significativamente el reciclaje, dando nuevas oportunidades a quienes ya trabajan en el sector.
