El expresidente Álvaro Colom orquestó un proceso fraudulento para sustraer del Estado 35 millones de dólares (unos 257 millones 559 mil 50 quetzales), una cantidad con la que supuestamente se pretendía impulsar un nuevo modelo de transporte público conocido como “Transurbano”, de acuerdo a la información preliminar dada a conocer este día por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Colom “intervino de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de la creación del acuerdo”, dijo el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de la fiscal general, Thelma Aldana.
Este caso, denominado: “Transurbano: un fraude al Estado. Etapa 1″, ha permitido hasta el momento la captura de 11 personas, entre ellas el propio Colom y varios de sus ministros, como el actual presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight, mientras que otras personas están prófugas.
Montos de lo defraudado en el tema del Transurbano
De los 35 millones de dólares (Q257 millones) que el Gobierno entregó a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para la puesta en funcionamiento de este servicio, 1,3 millones de dólares (casi Q9 millones 566 mil 492) regresaron al sistema bancario guatemalteco enviados por una empresa que los entregó a “manos privadas”, 13,9 millones de dólares (Q102 millones 278 mil 737) se usaron para comprar maquinaria que está almacenada en una bodega “sin utilizar” y 6 millones de dólares (44 millones 152 mil 980) para pagar gastos “no compatibles con el proyecto de inversión”.
“El resto del dinero se gastó sin acreditar el destino, por lo que a la fecha está sujeto a investigación”, explicó Velásquez, quien detalló que los 1,3 millones (Q9 millones 566 mil 479) que regresaron a Guatemala 780 mil dólares (Q5 millones 739 mil 887) los recibió Javier Arzú Tinoco y 270 mil dólares (Q1 millón 986 mil 884) Juan Luis Rodríguez, que los envió al entonces secretario de la Presidencia Gustavo Alejos, ahora en prisión preventiva por varios casos.
Velásquez y Aldana detallaron que el Gabinete de Gobierno firmó el acuerdo gubernativo para la concesión de los fondos, siendo “la consagración de todo el mecanismo de engaño” (fraude) y la entrega del dinero, de forma “arbitraria”, lo que generó la perpetración del delito de malversación, pues no se realizaron los estudios oportunos que acreditaran la necesidad de ese subsidio.
Sandra Torres no figura en investigación preliminar de #EUTransUrbano
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 13, 2018
Con información de ACAN EFE
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