Guatemala presenta algunos de los elementos que desencadenaron la guerra civil del país entre 1960 y 1996, según alertó hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe sobre la situación actual del país, según una publicación de la agencia EFE.
El Estado guatemalteco no ha logrado corregir algunos de los factores que causaron el largo conflicto armado interno, reza el informe publicado hoy, entre los que cita una economía basada en la “concentración del poder económico en pocas manos” y una “estructura estatal débil” con recursos escasos debido a la insuficiente recaudación fiscal y los altos niveles de corrupción.
Precisamente, el organismo criticó “la falta de avances” en el caso por el genocidio guatemalteco, ya que consideró que los pasos dados son “limitados” en comparación con las violaciones de derechos humanos que se perpetraron y las obligaciones que recaen en el Estado.
“Más de veinte años después de que acabara el conflicto, subsisten varios de los motivos que lo generaron”, subrayó Esmeralda Arosemena de Troitiño, vicepresidenta primera de la CIDH durante la presentación de la investigación.
En esta línea, llamó a reforzar las acciones para que las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto no queden impunes, así como a sancionar a los autores materiales e intelectuales y reparar a las víctimas.
Los Acuerdos de Paz siguen con rezagos 21 años después.
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La CIDH también enfatizó que dentro del problema de la corrupción y la impunidad en territorio guatemalteco aún persisten “estructuras de poder paralelas” que impiden la lucha contra estas situaciones y entorpecen el fortalecimiento del Estado de derecho, aunque reconocieron ciertos avances en esta materia.
La institución lamentó los obstáculos en el acceso a la Justicia por parte de minorías como la comunidad LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales), los niños o las comunidades indígenas.
En este sentido, también llamó al Estado a emprender una “importante” reforma constitucional que garantice un sistema de Justicia que preserve el libre e igual acceso para estos colectivos y asegure la imparcialidad de los actores judiciales.
Sobre las condiciones en las que trabajan los profesionales de la justicia y la defensa de los derechos humanos, el texto se hizo eco de “ataques e intimidaciones”, por lo que reclamó al Gobierno medidas cautelares que garanticen el desarrollo de sus labores.
La desnutrición crónica continúa siendo una de las principales preocupaciones en cuanto a derechos humanos en el país, ya que es el más afectado de América Latina y uno de los que mayores tasas presenta a nivel mundial, según destacó el órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El informe, además, incidió en la necesidad de garantizar los derechos de la niñez y cita como ejemplo de las deficiencias en este sentido a la muerte de 41 menores bajo custodia del Estado en el Hogar Virgen de la Asunción en marzo de 2017.
Consejo señala varios rezagos en cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
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El subjefe de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, destacó la necesidad de que Guatemala garantice los derechos de los desplazados internos y de los inmigrantes, que son “víctimas de múltiples abusos”.
Reiteró que “el desplazamiento forzoso interno suele ser un paso previo a la migración a otro país”, una tendencia que entre 2010 y 2016 se incrementó en un 4.427,62 %, según datos de ACNUR.
Vargas dijo que la misión de la CIDH observó un creciente número de desalojos, causados por múltiples causas como la explotación económica del territorio, la “narcoactividad” o desastres naturales y recordó que en 2016, esta categoría la componían 257.000 personas.
Otro de los ámbitos analizados por el informe son las condiciones en las que los periodistas trabajan en Guatemala.
En este aspecto, el documento constata que los trabajadores de medios de comunicación se enfrentan a un contexto de violencia en el que se dan asesinatos, amenazas y un discurso que busca estigmatizar a los medios y comunicadores que realizan coberturas sobre la corrupción y los abusos de poder.
La CIDH también recogió las condiciones que ofrece el sistema penitenciario guatemalteco y señaló que sus cárceles se caracterizan por el “hacinamiento, el uso excesivo de la prisión preventiva”, “deplorables condiciones de detención, altos niveles de violencia”, “la corrupción y la ausencia de control” dentro de los centros.
Con información de la agencia EFE
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