La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso pidió hoy a la Contraloría General de Cuentas que instale una comisión de fiscalización de los gastos del Tribunal Supremo Electoral en la reciente consulta popular que avaló resolver el diferendo con Belice en La Haya.
El congresista opositor independiente Salvador Baldizón Méndez, integrante de la comisión legislativa, pidió a la subcontralora administrativa, Sandra Esteban, y al director de Auditoría al Sector Organismos e Instituciones de Apoyo, Walter Argueta, que determinen si los gastos del Tribunal se llevaron a cabo con probidad y si hubo algún omiso importante.
Solo Q100 millones gastados
Según reportó un día después de la consulta del 15 de abril la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Mijangos, el sufragio tuvo un costo superior a los Q100 millones, lo que significó una tercera parte de lo asignado.
“La comisión de fiscalización definirá qué faltó o si todo estuvo en orden, como por ejemplo si el Tribunal pudo haber gastado en la traducción de la pregunta en diferentes idiomas mayas o si debió hacer la campaña en redes sociales en varias lenguas”, explicó Baldizón.
TSE liquida en tiempo
La subcontralora administrativa indicó que el Tribunal se encuentra, por el momento, liquidando “en tiempo y en ley” lo gastado durante la consulta popular, por lo que enviarán el informe “en su momento” a los integrantes de la comisión legislativa de Relaciones Exteriores, la cual es presidida por la opositora Eva Monte Bac, de la bancada Alianza Ciudadana.
De los más de 7.5 millones de guatemaltecos llamados a votar en la consulta popular, se presentaron 1.9 millones ante las urnas para manifestar su decisión en la histórica consulta dejando un abstencionismo de 5.5 millones de personas y un resultado favorable al “sí” (1.7 millones), correspondiente al 95.88 por ciento.
Este resultado avala a Guatemala para llevar ante la Corte Internacional de Justicia el caso y que ésta decida cuál es la frontera real entre Guatemala y Belice.
