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A general view of the San Rafael minery, a subsidiary of Canadian firm Tahoe Resources, is seen in San Rafael Las Flores municipality, Jalapa departament, 105 km southeast of Guatemala City, on January 12, 2013. Two security guards were killed during a protest of neighbors against the exploitation of silver. AFP PHOTO/STR / AFP PHOTO / STR

EEUU insta a la Corte de Constitucional a resolver caso de minera San Rafael

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La embajada de Estados Unidos en Guatemala difundió hoy un mensaje instando a la Corte de Constitucionalidad a resolver, de forma “sin demora”, el caso que tiene detenidas las operaciones de la Minera San Rafael desde julio de 2017.

En su mensaje, Estados Unidos expuso que “un clima estable de inversión depende de un marco legal claro”, con “respeto al Estado de derecho y de la transparencia en la aplicación de la ley”.

El caso de la empresa ha permanecido en la incertidumbre desde que la Corte Suprema de Justicia suspendiera las operaciones por la ausencia de una consulta obligatoria a los pueblos circundantes a la mina El Escobal, de la empresa San Rafael, subsidiaria de la firma canadiense Tahoe Resources.

Vista general de la Mina San Rafael, ubicada en el municipio de San Rafael Las Flores, Jalapa. Dos guardias de seguridad fueron asesinados durante una protesta por pobladores en oposición a proyecto, el 12 de enero de 2013. AFP PHOTO / STR 

Luego que la mina presentará una apelación ante la Corte, esta última solicitó el pasado 7 de marzo, una serie de estudios antropológicos y ambientales a una universidad pública y otra privada para determinar si ha existido daño a la naturaleza y si en realidad hay miembros de la etnia xinca en los municipios aledaños, en el sureño departamento de Santa Rosa.

En 2012, los siete poblados alrededor del proyecto realizaron una consulta comunitaria “libre e informada” cuyo resultado fue un 98,2 por ciento en contra de la operación del proyecto El Escobal.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales establece el derecho de los pueblos de ser consultados por los Gobiernos acerca de proyectos que tengan un impacto en su comunidad.

Proveedores de la mina San Rafael interpornen una acción judicial por las afectaciones colaterales ante la parálisis de labores de la planta.

En su misiva, Estados Unidos reiteró que “las inversiones deben adherirse a los requisitos legales, incluyendo el respeto a los derechos humanos y las leyes ambientales locales, y también deben cumplir con los convenios internacionales”, como el 169.

El país norteamericano sostuvo que “es importante” que el Constitucional dictamine “sin demora” y alentó “a todas las partes, a las autoridades pertinentes y a las comunidades locales” a trabajar en conjunto “para lograr una solución transparente y de beneficio para todos”.

Pugna se ha mantenido durante varios años

El pueblo xinca, que mantiene un plantón frente al Constitucional desde noviembre pasado, se manifestó el pasado 9 de abril para que el máximo tribunal mantenga la suspensión de las actividades en El Escobal.

Además, acusaron a la Cámara de Industria de Guatemala y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americano de estar a favor de la minera San Rafael, la cual está “más preocupada por su inversión de 1.000 millones de dólares que por el rompimiento del tejido social, la contaminación, la migración y violación a los derechos de acceso al agua”.

Por su parte, la Minera San Rafael ha afirmado que la falta de operaciones ha provocado el despedido de 250 trabajadores directos y unos 600 proveedores, además de la rescisión de contrato a unos 3.500 colaboradores.

Con información de agencia EFE*

 

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