La Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular entregó hoy a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala una auditoría en la que denuncia la construcción de viviendas sociales indignas por parte del Estado.
Este documento, que le fue presentado este domingo al ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, asegura que no se cumplen con los criterios mínimos en la construcción de hogares en Guatemala por parte del Fondo para la Vivienda, una institución financiera adscrita al Ministerio de Comunicación y Vivienda.
En la @PDHgt se presenta el informe de auditoría social a la aplicación del subsidio del Fondo para la Vivienda (FOPAVI). Vía: @alexvaldez_eu.
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La auditoría, que recuerda que en Guatemala hay un déficit de 1.542.638 viviendas -de las que el 61 por ciento es cualitativo (acceso a agua, servicio sanitario o materiales inadecuados) y el 39 por ciento cuantitativo-, denuncia hacinamiento y malas condiciones.
Alejandro Steinmüller, miembro de la organización e ingeniero civil, mostró varias fotografías de viviendas sociales en diferentes puntos del país en las que se denunciaba problemas con las plataformas, techos de lámina inadecuados, instalaciones eléctricas inconclusas y ausencias de sistema de agua y drenaje.
Dentro de los hallazgos localizados en FOPAVI, se menciona la “falta de eficiencia y transparencia”, así como la “carencia del sistema de agua y drenaje”.
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Algunas de estas casas tienen “cimiento pobre” y “ratoneras”, además de que otras están construidas sobre “terraplenes”, lo que las coloca en una situación de riesgo, y esto se debe, entre otros factores, a que entre los constructores hay entes “sin experiencia ni conocimiento”, como farmacias, transportistas o purificadoras.
“La vivienda social en este país es vista como un negocio”, indicó.
Parte de la conferencia de prensa donde se están presentando el informe de auditoría social a la aplicación del subsidio del Fondo para la Vivienda (FOPAVI).#VideoEU ► @alexvaldez_eu. pic.twitter.com/mXmHUeVQ4y
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Otro de los miembros de esta federación, Ángel Berna, dijo que el fin de esta auditoría era “exponer una realidad que clama a gritos Justicia” y en la que se “vulnera” el derecho a la una vivienda digna”.
Las instituciones de gobierno tienen la responsabilidad de que este derecho, como otros, se cumplan, por lo que resulta inadmisible la forma en que dichas instituciones actúan, ya que la mala calidad técnica, la ineficaz aplicación de la ley, la opacidad y la corrupción se encuentran como evidencias de una realidad que clama justicia.
Conrado Martínez, de IDESAC, afirma que hubo irregularidades en el proyecto de lotificación 20 de octubre, esto durante la gestión del presidente Alfonso Portillo.
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“No podemos permitir que las instituciones responsables sigan actuando así”, proclamó, y agregó que el Gobierno, que “ha fallado” en una respuesta eficaz a la erupción del Volcán de Fuego, que ha dejado al menos 113 muertos y 329 desaparecidos, tiene ahora el reto de proporcionar a las familias afectadas un “techo seguro y digno”.
La Federación recordó durante su presentación que la vivienda está directamente ligada a los derechos humanos y al derecho a la vida, a la seguridad y la dignidad de las poblaciones más vulnerables.
Luis Estrada Dubón, de IDESAC, afirma que en nuestro país la vivienda social y popular es vista como un negocio.
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Es por ello que asegura que la violación del derecho humano a una vivienda adecuada y la no discriminación es una violación a todos esos derechos y recordó que ocupar viviendas extremadamente inadecuadas o no tener hogar ocasiona privaciones que se sufren como una agresión contra la dignidad y derechos de las personas.
Procurador Jordán Rodas afirma que la auditoría en el FOPAVI pone a la vista que el subsidio es como una caja oscura mal usada por malos funcionarios.#VideoEU ► @alexvaldez_eu. pic.twitter.com/Z031YCiTwA
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Con información del periodista Alexander Valdéz y EFE
