El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mario Aguilar Alizardi, confirmó este mediodía que el pleno de magistrados aprobó la derogatoria del acuerdo 99-2019.
El documento se refiere a Reglamento para la organización de debates, entrevistas y foros públicos entre los candidatos durante el proceso electoral que debería poner en marcha la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, dirigida por Rosa María Bolaños.
El magistrado presidente no dio detalles de los argumentos que llevaron al pleno a tomar esa decisión, pero dijo que en su momento se harían públicos. La votación fue 4 a 1. Hubo un voto razonado que fue el de la magistrada María Eugenia Mijangos.
El asunto es que si reglamento hubiera cobrado vigencia, se habría tenido que ponerse en práctica los temas bajo los cuales se regirían los espacios, pues se obligaba a que los medios de comunicación a solicitar la autorización del TSE para llevar las actividades descritas.
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Abogados se pronunciaron en contra
El abogado Omar Barrios, dijo que con ese reglamento los magistrados estaban cometiendo abuso de autoridad y que culparon a un grupo de asesores.
“En la ley electoral, la palabra foro, entrevista y la palabra debate, no aparece. Esa no es competencia del TSE, es un quehacer ciudadano, por lo tanto no puede reglamentar a los ciudadanos, a los medios de comunicación… emitieron un reglamento para lo cual no tienen la competencia”, afirmó.
Por su lado, el abogado Gabriel Orellana, aseguró que había una clara violación a los derechos ciudadanos de parte de los magistrados: El derecho a la libre expresión y del libre acceso a la información.
“Hay flagrante comisión del delito y si hubiera sido publicado en el diario oficial… entonces hubiera sido un delito consumado”, insistió en su momento.
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Más rechazo
Incluso la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este martes de que el reglamento promovido por el TSE socavaba las libertades de expresión, prensa y de empresa al “imponer” a los medios privados cómo deberían realizarse las entrevistas, debates y foros con los candidatos.
“Imponer medidas a medios privados constituye un acto de injerencia que socava las libertades de expresión, prensa y de empresa”, expresó María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP.
Con información de Henry Montenegro
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