El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) instó a que el nuevo Gobierno de Guatemala, que saldrá de las urnas el próximo 16 de junio, priorice en su agenda económica una política fiscal que privilegie “el bien común” de la ciudadanía como “garantía constitucional”.
A juicio del Icefi, esto es “tan o más importante que otros objetivos”, como el crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica o la atracción de inversiones y recordó que las finanzas públicas tienen un “carácter transversal” en temas tan diversos como la mejora de la infraestructura vial, la solidez del sistema financiero, la erradicación de la pobreza y de las desigualdades, el empleo, la seguridad ciudadana o la educación.
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El gasto público de Guatemala es “el más bajo de Centroamérica” y es “insuficiente para atender las demandas de la población”, además de que los indicadores de transparencia fiscal muestran “deterioro en los últimos años, un desestímulo al apoyo ciudadano a un incremento en el gasto público que profundiza la desconfianza en las autoridades”.
Daremos inicio al foro público: Desfíos Fiscales para el Nuevo Gobierno de Guatemala.
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Los ingresos tributarios son la principal fuente de financiación corriente del gasto público pero son “insuficientes” debido, principalmente, a una carga tributaria demasiado “baja, rígida y en caída”, desplomándose al 10 por ciento en 2018, con lo cual retrocedió al nivel de 1998.
El sistema tributario, explica, padece de fallas estructurales como insuficiencia para financiar el gasto público; injusticia por una estructura regresiva; problemas financieros como la acumulación de devoluciones de crédito fiscal pendientes de pago y dificultades para combatir los flujos ilícitos de capitales.
Para el Icefi, el nuevo gobierno deberá realizar “un esfuerzo importante” en mejorar la efectividad de la Superintendencia de Administración Tributaria, ya que el porcentaje de incumplimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha venido creciendo desde 2012 y se desconoce el del Impuesto Sobre la Renta y otros tributos.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), mediante un comunicado, "ve con preocupación riesgo que Gobierno rompa el orden constitucional y el régimen democrático". #EUCICIG pic.twitter.com/mD0Oe3Swtl
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Además, el déficit fiscal se redujo durante el periodo 2010-2016 pasando del 3,3 al 1,1 por ciento del PIB, tendencia decreciente que se revirtió en 2017 al registrar al 1,3 por ciento, en 2018 con 1,8 y el anunciado para 2019 se sitúa en el 2,4 por ciento.
“Aunque este déficit fiscal es bajo al compararlo con el del resto de Centroamérica, la tendencia creciente desde 2017 se refleja en algunos rasgos de insostenibilidad fiscal al realizar un análisis cuantitativo de la deuda pública. Además, aunque el saldo de la deuda pública de Guatemala continúa bajo al compararlo con el del resto de países de Centroamérica (24,3 del PIB en 2018), existen signos de preocupación”, proclamó.
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Esta combinación de factores, arguye, incide en que las calificaciones de riesgo país de Guatemala en general sean buenas pero sin tendencia a mejorar y recordó que sin una política fiscal adecuada el nuevo gobierno podría enfrentar “deterioro adicional en estos indicadores relativos al crédito público”.
Guatemala celebrará las elecciones generales el próximo 16 de junio, unos comicios que servirán para elegir a presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2020-2024.