El diputado al Congreso de la república, Julio Ixcamey, presentó una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la cual pretende que se anule una investigación que se sigue en su contra por supuesto financiamiento electoral no reportado.
El hecho habría ocurrido por supuestas aportaciones económicas a la campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el año 2015. Se trata de una investigación conjunta del Ministerio Público con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
#EUElecciones2019 Diputado Julio Ixcamey busca anular investigación de supuesto financiamiento electoral no reportado de la UNE.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 23, 2019
Contra la Fiscal General
El legislador planteó la acción legal contra la Fiscal General u jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por haber autorizado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) que llevara a cabo diligencias de allanamiento en una empresa.
Se trata de la entidad San Felipe S.A, de la cual él es representante legal. Ixcamey asegura que se ha violado su derecho de antejuicio al ser investigado por medio de esa empresa.
En el expediente de amparo, el legislador asegura que “ha sido perseguido criminalmente”. El MP y la Cicig lo señalan del delito de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
Marlon Estuardo Marroquín Silva.
Una investigación del MP y de la Cicig
En el marco de las investigaciones del caso Traficantes de Influencias”, surgido en enero de 2018, que develaba la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV, S.A.
La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.
Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.
Primer grupo de cheques emitidos por empresa Grupo Inmobiliadio Empresarial San Felipe.
El caso
Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron, afirma la investigación del MP y de la Cicig.
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