La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) denunció este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ataques a su independencia judicial y alertó del riesgo de convertir al sistema de justicia en un “sistema de represión”.
“Con mucha preocupación denunciamos que, ante la criminalización de la función judicial independiente, existe un grave riesgo porque el sistema de administración de justicia de Guatemala se convierta en un sistema de represión para cometer graves violaciones a los derechos humanos y que el Estado retroceda a épocas oscuras de persecución de abuso de poder y de limitación a las libertades ciudadanas”, aseguró el juez Carlos Ruano.
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El togado compareció este viernes junto a otros compañeros en una audiencia pública que la CIDH celebró en Jamaica, en el marco del 172 periodo de sesiones, para conocer denuncias de amenazas a la independencia judicial y aseguró que los ataques contra los operadores de justicia “persisten” y que “se han agravado”.
Señalan a Jimmy Morales
En ese sentido, recordó diversas declaraciones del presidente del país, Jimmy Morales, en las que, según explicó, atacó el sistema al calificarlo de “persecución penal selectiva”, “terror judicial”, “justicia selectiva para atemorizar y aterrar”, “manipulación de la Justicia” o lo que a su juicio es lo más grave, que “no estaba obligado a acatar las órdenes de judiciales”.
Ruano hizo un repaso por varias intervenciones del presidente, fuera y dentro de Guatemala, en las que se refirió a este tema denunciando una injerencia internacional y se cuestionó cómo un mandatario puede referirse de esta manera a otro poder del Estado o dónde queda la separación de poderes.
A este mismo propósito, aseguró que estas declaraciones causan un “grave daño a la institucionalidad y al Estado de Derecho” y dijo que “violentan la independencia judicial” y colocan a los jueces “en mayor grado de vulnerabilidad al cuestionar de esa manera sus decisiones”.
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El silencio de la CSJ
Ruano también criticó cómo la Corte Suprema de Justicia mantiene un “silencio cómodo o cómplice” con estos ataques directos y alertó de una “instrumentalización” de varias entidades públicas para violentar la independencia de jueces y magistrados.
El grupo de jueces, en el que estaba incluido Miguel Ángel Gálvez -quien ha dirigido grandes causas de corrupción contra el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015)- explicó que estos ataques son “constantes” y que se han generado de una manera “sistemática, estructural e incluso histórica”, por lo que exigen a la Corte Suprema una “actitud firme y práctica”.
En este momento de “crisis de la independencia judicial” debido a los ataques, la Asociación -que narró amenazas, leyes regresivas o inseguridades- denunció además ataques en redes sociales y tildó los discursos públicos del Ejecutivo como generadores de “odio” en contra de los administradores de justicia y fiscales, colocándolos en una “situación de riesgo”.
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Gobierno se pronuncia
Por su parte el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), Jorge Luis Borrayo, quien actuó en representación del Estado, dijo que Guatemala conoce el “rol fundamental de los operadores de justicia” y que su país está “comprometido” con el respeto a los derechos humanos y con la independencia judicial.
Borrayo estuvo acompañado de la magistrada del Supremo Vitalina Orellana y del juez Mynor Moto, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, quienes defendieron que en Guatemala sí hay independencia judicial y, por ende, rechazaron los señalamientos de la otra asociación, asegurando que el Estado es capaz de brindar el apoyo en materia de seguridad necesario y que hay que “confiar” en las instituciones locales.
“Únicamente se pretende con sus acciones desprestigiar al Estado de Guatemala y su sistema judicial”, acotó Moto, quien agregó que el gremio está compuesto por más de un millar de funcionarios judiciales y “la mayoría de jueces no comparten esta queja”.
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En esta misma línea se manifestó Orellana, vocal III del Supremo y presidenta de la Cámara de Amaros, quien apeló en reiteradas ocasiones al principio de “subsidiariedad”, que en su definición más amplia dispone que un asunto debe ser resuelto por la autoridad más próxima al objeto del problema.
También lamentó que unos se “autodenominen” jueces “por la integridad”, mientras los otros son acusados de integrar el “pacto de corruptos” y se ofreció a servir de enlace entre el pleno de magistrados del Supremo y los demandantes para canalizar sus peticiones.
Sin embargo, ninguno de los representantes del Estado contestó a las preguntas de los comisionados sobre cómo funciona el sistema de seguridad para los jueces, qué proceso se sigue para otorgar las medidas o qué calificación les merecen las acusaciones del presidente, que a juicio de relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, crean “estigmatización y descrédito”.
Según explicó, se trata de expresiones “que no son normales y comunes”, que “no son parte de la crítica natural” ni una “cuestión normal en ningún Estado de Derecho de la región”, y menos cuando aparece en una conferencia “rodeado de militares”.
En esta línea, el comisionado Francisco José Eguiguren dijo que las autoridades tienen que tener “cuidado con sus declaraciones” y que no puede “incentivarse al desprestigio o el desacato frente a otro órgano del Estado” porque eso “sube el nivel del debate y crea un clima desfavorable”.
La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Comisión y relatora para Guatemala, concluyó diciendo que esos ataques al sistema de justicia, diciendo que siembra el terror judicial, son más propios de un “no Estado de Derecho”.
*Con información de EFE
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