Nota de EU89.7
Cedecón presenta denuncia penal contra exmilitares que amenazan elecciones

Comete ese delito todo aquel que con violencia, intimidación o amenaza, turbe o impida la votación, o el escrutinio de los votos el día de las elecciones.

El Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón) presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP), por el delito de turbación del acto eleccionario contra el grupo de exmilitares que amenazó semanas atrás con la elaboración de bombas y bloqueos, para no permitir que se lleven a cabo las elecciones generales.

CICIG

Lo anterior fue confirmado por el presidente de esa entidad Stuardo Ralón, quien explicó que se le está solicitando al MP que inicie las investigaciones para establecer a los autores materiales e intelectuales de este delito.

Mencionó que el delito de turbación del acto eleccionario tiene una pena de cárcel de entre dos y 8 años, si es comprobado, y está regulada por el artículo 407 A, del Código Penal.

Según él, comete ese delito todo aquel que con violencia, intimidación o amenaza, turbe o impida la votación, o el escrutinio de los votos el día de las elecciones.

Resaltó que es importante que los guatemaltecos tengan la oportunidad de presentarse a emitir el sufragio y que las instituciones del estado realicen su labor para que los guatemaltecos puedan presentarse a votar sin amenazas, sin presiones de ningún tipo.

Exmilitares se retractan

El martes recién pasado Jorge Vega de León, representante del grupo de exmilitares, informó que se descartaban acciones de hecho para boicotear las elecciones generales el 6 de junio.

Agregó que, por el contrario, velarían porque no se registre un fraude electoral. Sin embargo, mantuvo su posición respecto de lo solicitado a las autoridades; es decir, los Q85 mil, un terrenito y una jubilación.

Acuerdos preliminares

Horas más tarde, ese mismo día, luego de casi dos horas de reunión, integrantes de la Comisión Presidencial del Diálogo Nacional, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y de la Secretaria de la Paz, se llegó a acuerdos preliminares sobre la exigencia de un resarcimiento, una vivienda, accesos a salud y otras demandas, por parte de un grupo de exmilitares.

De acuerdo con las autoridades, en primera instancia, se logró que se les reconociera como exmilitares legítimos de la agrupación.

Además, que la mesa de diálogo haría la consulta al Ministerio de Finanzas sobre la solicitud de un anticipo económico previo a las elecciones del 6 de junio, de Q85 mil quetzales que exigen los excombatientes.

También llegaron a consenso de que se debe respetar la nómina y base de datos que maneja la asociación de exsoldados.

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