La Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) se separó del caso Industria Militar y ya no formará parte del proceso que se sigue en el Juzgado Séptimo.
El titular de dicha judicatura, el juez Fredy Orellana aceptó la petición de la comisión.
A decir del fiscal de Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rudy Herrera, fue por medio de un memorial que la CICIG solicitó ser separada del caso.
Por medio de una comunicación oficial la CICIG explicó que continúan con el trabajo de apoyo al Ministerio Público en todos los casos que han investigado y judicializado.
"Continuamos con el apoyo al MP en cumplimiento del Acuerdo MP-CICIG, pero por los plazos propios de los procesos y del cierre de la Misión, nuestra participación procesal irá cambiando. Pero que seguiremos trabajando hasta que finalice el mandato", dijo la CICIG.
El caso
Una investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala estableció la existencia de un grupo criminal que operó al interior de la Industrial Militar durante los años 2008 al 2011.
El grupo criminal estaba integrado por los coroneles José Alfredo Cotzojay Chajón, Jorge Arturo Vega Chávez, Carlos Geovani Mejía Girón y Byron Manuel Santos Galindo, quienes para cometer varios ilícitos contrataron al Mayor retirado Rolando Enrique Hernández González, como “representante de ventas” de la Industria Militar.
El Mayor Hernández González recibió en el período comprendido entre los años 2008 al 2011, veintitrés millones cuatrocientos dos mil doscientos treinta y ocho quetzales (Q23.402.238.00), proveniente de ganancias por comisiones establecidas en ventas de la Industria Militar, las que estuvieron plagadas de irregularidades.
Dicha cantidad de dinero fue pagada mediante varios cheques de la Industria Militar por ventas realizadas, en su gran mayoría, en instituciones públicas del Estado guatemalteco, entre ellas la Policía Nacional Civil, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad.
Condenas
Los siete empresarios que aceptaron haber cometido los delitos de cohecho activo ypeculado al Ejército de Guatemala deberán pagar entre 20 mil y 30 mil quetzales a manera de “reparación digna“, según resolvió hoy un juez.
Los empresarios fueron condenados el pasado 27 de diciembre por haber sustraído 23,4 millones de quetzales de la Industria Militar y deberán pagar entre tres y cuatro años de prisión conmutables.
*Con información de Alexánder Valdéz.
