El fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Luis Mejía afirmó que tras haber develado el caso “Subordinación de Poderes“, él y otros fiscales han sido víctimas de ataques por parte de algunos sindicados.
Mejía indicó que se han presentado denuncias de tipo penal en su contra, y la FECI, las cuales están pendientes de dilucidar.
Mejía hizo dichas declaraciones, en el momento que se presentó junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ante el juez pesquisidor de la Sala Primera de Mayor Riesgo, Mynor Oxom, para ratificar el antejuicio contra el diputado Gustavo Medrano, señalado en caso “Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo”.
De acuerdo con el fiscal la denuncia se ratificó por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y violación a la constitución.
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Fiscal de FECI, Luis Mejía, afirma que luego de haber develado el caso "Subordinación del Legislativo al poder Ejecutivo", él y otros fiscales han sido víctimas de ataques de parte de algunos sindicados.Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/I5Qyk1YRVp
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 25, 2019
Investigación
El 26 de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a los antejuicios presentados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, y siete diputados del Congreso de la República.
Se trata del ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela y los diputados Estuardo Galdámez Juárez, Juan José Porras Castillo, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Medrano, y Marco Antonio Orozco.
Según el ente investigador, esta acción obedece a un nuevo caso de corrupción denominado Subordinación del Poder del Legislativo al Ejecutivo: Una expresión de la captura del Estado, que involucra a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ya que los hechos se pudieron haberse cometido durante el gobierno del Partido Patriota.
“En labores conjuntas de la FECI y la CICIG se adelantaron diligencias que permitieron recabar y analizar información de diversas instituciones, incluidas el Congreso de la República de Guatemala, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), el Registro Mercantil, así como otras entidades privadas que permitieron llegar a las conclusiones de la investigación”, refirió la CICIG en un comunicado.
Pagos
Según la investigación, la promesa por estas elecciones y designaciones era el pago bimensual por Q50 mil a cada diputado que favoreciera con su voto.
En total, el pago de estos favores pudo haberse erogado alrededor de Q57.8 millones, según las pesquisas.
“La Champurrada”
Los legisladores son señalados de pagar la denominada “Champurrada”, la cual se refiere a la compra de votos en el Congreso.
“Desde la Vicepresidencia, el dinero era repartido través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como “jefes de línea” o “brochas”. Éstos, además de estar encargados de la repartición del dinero al resto de diputados, (pagos referidos por los mismos como “las champurradas”), también se encargaban de trasladar las instrucciones que emanaban de la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías”, añadió la CICIG.
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Con información de Alexander Váldez