El Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana ligó esta noche a proceso al exdiputado Baudilio Hichos por el caso IGSS-Chiquimula pero le concedió arresto domiciliar, pese a haber estado prófugo desde el 2016.
Orellana le concedió esta medida a Hichos ya que consideró que no había peligro de fuga ni de obstaculización a la averiguación de la verdad.
Para irse a su casa, Hichos solo tuvo que cancelar una caución económica de Q35 mil.
https://emisorasunidas.com2018/11/27/abogado-de-exdipudado-hichos-pide-revocar-orden-de-captura-en-su-contra/
El exdiputado Baudilio Hichos se presentó a la Torre de Tribunales, luego de permanecer prófugo de la justicia desde 2016 por el caso IGSS-Chiquimula.
Contra Hichos había una orden de captura por los delitos de fraude y tráfico de influencias derivado de la investigación del Ministerio Público (MP).
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Tras ligarlo a proceso por uno de tres delitos, juez séptimo favorece al exdiputado Baudilio Hichos con arresto domiciliario. #IGSSChiquimula
Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/OLkNDUPcD7— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 5, 2019
El caso
Cuando se destapó el caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) explicó que Hichos y cinco personas participaron en el proceso irregular de adjudicación de un contrato para remodelar el edificio donde funcionaría el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Chiquimula.
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En este proceso, el exlegislador se habría agenciado de forma irregular de al menos Q2 millones como resultado de ese negocio.
En julio de 2016 se realizaron allanamientos con el fin de detenerlo, sin embargo no fue posible localizarlo.
Acciones en su contra
La Unidad de Extinción de Dominio del MP logró en 2016 que edificio vinculado a Hichos pasara a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.
El inmueble está ubicado en el departamento de Chiquimula y está valorado en Q9 millones. En este funciona actualmente el IGSS de esa localidad.
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“El inmueble se utilizó presuntamente por Hichos López para defraudar al Estado guatemalteco por medio de su arrendamiento y otros contratos realizados”, señala la acusación del ente investigador.
En mayo de 2017, la propiedad pasó al poder del Estado de Guatemala.
*Con información de Alexánder Valdés.