El exdiputado Armando Escribá fue ligado a proceso por los delitos de fraude en concurso ideal, lavado de dinero en forma continuada, concusión en concurso ideal y falsedad en su declaración jurada patrimonial por el caso Construcción y Corrupción.
La Jueza de Mayor Riesgo "D", Erika Aifán, resolvió la situación legal de Escribá.
El fiscal del Ministerio Público (MP) Carlos Videz, solicitó que el exdiputado Armado Escribá sea enviado a prisión preventiva, ya que el excongresista visitó a Gustavo Alejos y además usando su cargo como diputado pidió a la Fiscal General, que separara del caso, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
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#ConstrucciónCorrupción Jueza de mayor riesgo "D", Erika Aifán, comenzó a resolver la situación legal del exdiputado Armado Escribá.
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 12, 2020
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El caso Construcción Corrupción
La FECI solicitó el retiro de la inmunidad del congresista oficialista el 26 de septiembre del 2018; sin embargo, el proceso se vio retrasado debido a varios recursos presentados por el legislador, según indicó el jefe de dicha unidad, Juan Francisco Sandoval.
Según las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) existen indicios suficientes de que el exlegislador está "estrechamente vinculado con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A" que obtuvieron contrataciones del Estado cuando fue funcionario público.
El exlegislador fue director de la Unidad de Conservación Vial (Covial) del Ministerio de Comunicaciones entre 2008 y 2009, durante el gobierno del expresidente Álvaro Colom.
La investigación detalla que Escribá autorizó o aprobó contratos por más de Q194.39 millones a las empresas relacionadas con su familia.
