La orden del gobierno de El Salvador de retener a personas que violen la cuarentena por el nuevo coronavirus desató un enfrentamiento entre el presidente Nayib Bukele y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que prohibió esa medida.
La noche del miércoles, la Sala de lo Constitucional de la CSJ dictó como medida cautelar que las autoridades gubernamentales tienen “prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario” a personas que violan la cuarentena sin causa justificada.
Corte anula orden de Nayib Bukele de detener a quien viole la cuarentena
La cuarentena domiciliar obligatoria esta vigente desde el 21 de marzo para frenar la propagación de la COVID-19.
Extiende cuarentena
El gobierno de Bukele extendió el pasado martes la cuarentena domiciliar obligatoria mediante un decreto ejecutivo.
La medida fue promulgada de urgencia, luego de que el Congreso se negara a extender el estado de excepción en vigor desde marzo, que expiró la noche del lunes y que permitía restringir los derechos constitucionales de libre tránsito y reunión.
Con el vencimiento del estado de excepción, el nuevo decreto del gobierno se basa en el Código de Salud, que permite restringir la movilidad de la población en caso de propagación de alguna enfermedad.
Bukele reaccionó a lo dispuesto por la Sala de lo Constitucional y mediante su cuenta de Twitter dijo que “ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño”.
La policía ha retenido a más de 1.500 personas que violaron la cuarentena domiciliar y que fueron enviadas a centros de contención por 30 días. Estos centros fueron abiertos en instalaciones públicas que normalmente funcionan como colegios u oficinas gubernamentales.
Según el mandatario, los aspectos sanitarios “son facultades del Ministerio de Salud”.
Pero Bukele fue más allá y acusó a la Sala de lo Constitucional de “cruzar sus propias limitantes” al decidir sobre temas sanitarios.
La Sala de lo Constitucional, en tanto, le recordó al gobierno en su resolución que sus decisiones “no son peticiones, solicitudes, ni meras opiniones sujetas a la interpretación o valoración discrecional de las autoridades a quienes se dirigen, sino que se trata de órdenes de obligatorio e inmediato cumplimiento”.
El Salvador acumula 164 casos confirmados de COVID-19, entre ellos seis fallecidos.
*Con información de AFP
