La Alianza por las Reformas accionó contra la creación de un juzgado específico para conocer los procesos penales en donde haya funcionarios y empleados públicos señalados.
La organización presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo 22-2020 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que se designa al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala para ese fin.
A criterio de la alianza, al concentrar en un juzgado los casos de corrupción cometidos por funcionarios, la CSJ podría tener intención de nombrar jueces “ad hoc” para favorecerlos.
O bien se podría estar buscando perjudicar a fiscales, jueces y otros funcionarios con base en denuncias maliciosas o infundadas, señaló.
“Esperamos que la Corte de Constitucionalidad deje sin efecto esta disposición arbitraria. Basta de Impunidad”, se expresa en el comunicado emitido este domingo.
Además, el documento asegura que la CSJ no tiene la facultad para crear tribunales especiales, sino que es competencia exclusiva del Congreso de la República.
Menciona que, por ejemplo, los tribunales especializados de Mayor Riesgo y los tribunales de Femicidio, se crearon por medio de una ley.
#EUNacionales Alianza por las Reformas emite comunicado con relación al juzgado 12. Piden que este quede sin efecto. Vía: @FcoPerez_EU pic.twitter.com/5PbEUwWIhu
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 12, 2020
Argumentos
La Alianza por las Reformas argumentó que no se debe someter a las personas a procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
Detalló que ese acuerdo viola el artículo 12 de la Constitución Política de la República porque ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, expuso por medio de un comunicado.
Y también se estaría incumpliendo el 203 constitucional, que habla sobre la independencia judicial y el derecho de toda persona a ser juzgada por un juez objetivo, imparcial e independiente.
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