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Fiscal General
Fiscal General, Consuelo Porras, emite comunicado en relación a resoluciones de la CC. Fotografía archivo de Publinews

MP presenta solicitudes de antejuicio contra funcionarios de los organismos Legislativo, Judicial y de la CC

El MP indicó que estas acciones se realizan con el fin de que sea la autoridad competente la que determine si da lugar o no a la formación de causa, en cuanto a la posible comisión de un acto o hecho constitutivo de delito.

El Ministerio Público (MP) por intermedio de la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó ante los órganos jurisdiccionales el antejuicio contra funcionarios de los organismos Legislativo, Judicial y de la Corte de Constitucionalidad (CC).

De acuerdo con el ente investigador, esa acción legal es derivado de la resolución emitida el 29 de junio de 2020 por la CC, en donde certificó lo conducente al MP en contra de la Comisión Permanente del Congreso .

Asimismo, se presentaron los antejuicios derivados de las diversas denuncias recibidas en contra de 92 diputados, 13 magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones y 6 magistrados de la CC.

Congreso

Antejuicio presentado contra los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso:

  • Allan Estuardo Rodríguez Reyes, presidente del Congreso de la República de Guatemala.
  • Sofía Jeanetth Hernández Herrera, vocal primero.
  • Luis Alfonso Rosales Marroquín, vocal segundo.
  • Armando Damián Castillo Alvarado, vocal tercero.
  • Rudy Berner Pereira Delgado, secretario.
  • Douglas Rivero Mérida, secretario.
  • Carlos Santiago Nájera Sagastume, secretario.

“En resolución de fecha 29 de junio de 2020 la CC dentro de los expedientes acumulados 2187-2020, 2189-2020, 2190-2020 certificó lo conducente al MP, en virtud de la negativa de la comisión permanente del Congreso de la República de remitir el expediente original de antejuicio identificado con el número 37-2020, por lo que pudieron cometer el delito de desobediencia al negarse a dar cumplimiento a lo resuelto”, detalló el ente investigador.

92 diputados

Se deriva de la denuncia presentada por Lisa Valentina Witthohn Secaida el 26 de junio contra los 92 diputados que votaron a favor del proyecto del Acuerdo para el Procedimiento de Elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y Tribunales de Igual Categoría; toda vez que el 6 de mayo de 2020, la CC emitió sentencia de amparo promovido por la Fiscal General en contra del Congreso donde se ordena que “debe excluirse en proceso de elección a profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida”.

CSJ

El antejuicio contra 13 magistrados de la CSJ (suplentes) se deriva de la denuncia presentada por 12 diputados al Congreso en la que señalan que integraron los magistrados suplentes ilegalmente y resolvieron dar trámite al antejuicio en contra de los magistrados de la CC.

La denuncia fue presentada por los posibles delitos de usurpación de atribuciones, violación a la constitución, resoluciones violatorias a la constitución y prevaricato.

Corte de Constitucionalidad

Denuncias presentadas por Ricardo Méndez Ruiz en calidad de presidente de la Fundación contra el Terrorismo en contra de magistrados de CC y la Helen Mack al promover amparo en contra del proceso de elección de magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones.

Las denuncias fueron presentadas por los posibles delitos de: violación a la constitución, resolución violatorias a la constitución, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, asociación ilícita revelación de información confidencial o reservada y prevaricato en contra de:

  •  Bonerge Amílcar Mejía Orellana
  • Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco
  • José Francisco De Mata Vela
  • María Cristina Fernández García
  • José Mynor Par Usen
  • Neftalí Aldana Herrera

“El Ministerio Público indicó que estas acciones se realizan con el fin de que sea la autoridad competente, de conformidad con lo que establece la Ley en Materia de Antejuicio, la que determine si da lugar o no a la formación de causa, en cuanto a la posible comisión de un acto o hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario público, y asimismo, se determine si las denuncias recibidas han sido o no presentadas por razones espurias, políticas o ilegítimas”, culminó el ente investigador.

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