La organización Juristas por Guatemala se pronunció con relación al antejuicio presentado por el Ministerio Público (MP) en contra de seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Por medio de un comunicado, expuso su preocupación por esta situación y recordó que, de acuerdo con la ley, los integrantes del máximo tribunal no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.
Indicó que así está establecido en el artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, además de que existen “abundantes” antecedentes y resoluciones en ese sentido.
A criterio de la entidad, la petición para que se les retire la inmunidad a los togados que planteó la Fiscalía de Delitos Administrativos, contraviene las disposiciones legales y constitucionales vulnerando la función constitucionalmente asignada al MP.
Los antejuicios a los que se refieren los juristas fueron planteados ayer por el ente investigador, en seguimiento a denuncias presentadas por diferentes personas y una fundación contra los togados.
Se les señala de emitir una resolución sobre un asunto en el cual ellos eran inminentemente parte del mismo.
Esto porque conocieron un amparo que suspendió un proceso de antejuicio contra miembros del máximo tribunal que había sido presentado por un abogado y tramitado por la CSJ.
CC emite amparo definitivo por antejuicio contra magistrados del máximo Tribunal
Pide elegir Cortes
Otro de los temas abordados por los juristas es el del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones.
La organización consideró que las múltiples acciones emprendidas para evitar la depuración y dilatar el proceso de elección han generado una “crisis institucional sin precedentes en la era democrática del país”.
En ese sentido, manifestó que Guatemala necesita que se elijan nuevos magistrados que cumplan con los méritos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad.
Y que el proceso para ello se haga de forma pública y transparente para garantizar la independencia judicial y el acceso a la justicia para todos los habitantes del país.
