Un estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) logró obtener un amparo provisional que obliga a la casa de estudios a permitirle el ingreso inmediato al campus central y la reincorporación a sus actividades académicas. La resolución, emitida por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, fue otorgada a favor de Luis López, a quien se le había sido impedido el acceso sin una justificación clara.
En entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, López explicó que incluso antes de conocerse la resolución ya había retomado sus cursos para evitar perder el semestre, a pesar de los riesgos de posibles sanciones. Aclaró que, aunque algunos accesos están bloqueados, hay actividades presenciales—como laboratorios—que requieren presencia física.
Según relató, el problema inició cuando personal de seguridad le impidió el acceso argumentando que su nombre aparecía en un listado del que solo pudo observar que en su encabezado decía "registro y estadística". La razón exacta de su inclusión en el documento nunca le fue explicada ni a él ni al equipo legal que lo apoya. Señaló que tampoco pudo corroborar los detalles de la lista, ya que le negaron el acceso a la misma.
Ante la negativa, López interpuso denuncias tanto ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) como en el Ministerio Público, donde el caso fue investigado por posible abuso de autoridad. La PDH acudió a verificar la situación en la entrada y, según el estudiante, las versiones ofrecidas por los encargados de seguridad cambiaron en varias ocasiones, incluso negando la existencia del listado que inicialmente motivó la prohibición.
El departamento jurídico de la USAC se negó a conversar directamente con López, argumentando que toda gestión debía hacerse a través de su abogado, quien fue el encargado de levantar el acta notarial correspondiente a los hechos.
Un regreso marcado por la incertidumbre
Luis López reconoció que se sintió inseguro y temeroso al intentar ingresar nuevamente al campus, pero valoró el respaldo legal como una garantía para poder continuar con sus estudios.
Ahora, con la resolución en la mano, sostiene que la universidad debe respetar el fallo y permitirle el acceso sin más trabas, aunque continúa la incertidumbre sobre lo que podría suceder.
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