La Corte de Constitucionalidad (CC) declara con lugar acciones presentadas por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), en relación a las manifestaciones anunciadas para este jueves 29 de julio del presente año.
"Jordán Rodas presenta amparo ante CC en contra del presidente Giammattei, titular del Mingob y director de la PNC para que sea garantizado el derecho a manifestación a partir del 29 de julio en todo el territorio nacional", indicó la PDH.
El @PDHgt @JordanRodas presenta amparo ante @CC_Guatemala en contra del presidente @DrGiammattei, titular del @mingobguate y Director General de la @PNCdeGuatemala para que sea garantizado de el derecho a manifestación a partir del día 29 de julio en todo el territorio nacional. pic.twitter.com/qDG6fadqzj
— PDH Guatemala (@PDHgt) July 28, 2021
CC resuelve
La máxima corte resolvió que "se debe garantizar los derechos de todas las personas en el territorio nacional, libertad de locomoción, libertad de Industria, comercio y trabajo, salud, vida, seguridad e integridad y paz".
Por otro lado, también se indica que resolvió que se debe preservar el orden público con elementos de las fuerzas de seguridad, debidamente uniformados y que permitan, tanto el derecho a manifestarse, como también el derecho a la libre locomoción de personas y vehículos, ello con el objetivo de garantizar a favor de todos, el ejercicio ilimitado e irrestricto de las libertades y derechos consagrados por la constitución política y otras leyes.
"Paro nacional"
Distintas organizaciones han convocado a manifestaciones y un “paro nacional” para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras.
Las movilizaciones tendrán como objetivo expresar rechazo a actos de corrupción e impunidad en el país.
Asimismo, entre las principales peticiones que se harán se encuentra la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras.
Los ciudadanos señalan a los funcionarios de estar involucrados en hechos irregulares que atentan contra las leyes del país y buscan beneficios particulares.
Especialmente después de que se destituyó al exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
