La destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, fue abordada este viernes durante una actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El tema surgió en el marco de la audiencia pública de solicitud de medidas provisionales en el Caso Valenzuela Ávila y Caso Ruíz Fuentes y otra Vs. Guatemala.
La referida entidad encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la imposición de la pena de muerte, la tortura, la ejecución extrajudicial en contra de Tirso Román Valenzuela Ávila.
Investigaciones de la FECI “bajo acecho”, según Sandoval
El exfiscal Sandoval señaló que la FECI estuvo a su cargo durante los últimos seis años, en los que se desarrollaron investigaciones que determinaron los acercamiento corruptos para favorecer la impunidad.
Esto se habría dado, según sus palabras, con alineación de distintos actores del sistema de justicia para garantizar que eventuales actos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos queden sin castigo.
“Entre estos, lo relacionado con lo sufrido por Humberto Ruiz Fuentes y Tirzo Román Valenzuela, cuyo esclarecimiento está en riego”, manifestó.
Según Sandoval, su destitución se dio por haber objetado una decisión de la fiscal general, Consuelo Porras, consistente en la designación de una fiscal que tenía impedimento para actuar en los casos que la propia jefa del Ministerio Público (MP) instruyó que se le designaran.
El exfiscal aseguró que en Guatemala no existe alguna normativa que prohíba pedirle al fiscal general que reconsidere una decisión.
“No desobedecí ninguna directriz, al contrario pedí reconsideración por considerarla ilegal”, enfatizó.
También hizo referencia a que su remoción fue ilegal, pues la ley Orgánica señala que se debe agotar el proceso que declare la comisión de alguna falta. Otras leyes también refrendan esta postura, pero no se realizó de esa manera, compartió.
Por aparte, mencionó que Porras realizó diversas acciones para obstaculizar su trabajo.
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Y que su destitución estuvo antecedida por acontecimientos que involucran al presidente Alejandro Giammattei quien en junio, en una entrevista a un medio internacional, se expresó contra su trabajo en la FECI, manifestó Sandoval.
Agregó que el mandatario también se refirió de forma indirecta a la investigación que realizó la fiscalía en su contra por ejecuciones extrajudiciales de privados de libertad, ocurridas dentro del plan Pavorreal.
En ese procedimiento participaron algunas autoridades que intervinieron en el plan Gavilán, que produjo las violaciones de derechos a las víctimas Ruiz y Valenzuela, añadió.
El exjefe de la FECI también dijo que la petición de medidas provisionales deriva de que su destitución provoca una situación de riesgo extremadamente grave de daño irreparable.
También, manifestó que pone en riesgo la obligación estatal de investigar graves violaciones de derechos humanos.
A lo que se suma que las investigaciones “quedaron a merced de actitudes violatorias de derechos de Porras”, por lo que de la misma forma que fue destituido arbitraria e ilegalmente, el personal e investigaciones de la FECI “están bajo acecho”.
CorteIDH aborda segundo caso sobre supuesta “limpieza social” en Guatemala.
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PGN se opone a otorgar medidas provisionales
El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado, planteó sus argumentos durante la audiencia de la Corte IDH como representante del Estado de Guatemala.
El funcionario se opuso a que se otorguen medidas provisionales a Juan Francisco Sandoval y a fiscales de la FECI porque, según dijo, no se sabe en qué calidad pretende figurar en el caso.
Asimismo, expuso que la Corte vulnera las leyes porque no respeta la competencia, ya que interviene en asuntos que no han sido resueltos internamente, como la destitución de Sandoval.
Donado dijo que la Porras no se reunió el 21 de julio con el presidente Giammattei para abordar el tema de la remoción del exfiscal.
También dijo que quedó demostrado que Sandoval todavía tiene una demanda en la vía laboral para hacer valer sus derechos supuestamente vulnerados.
* Con información de Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7
