3 mayo, 2024 | 7:50 am
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Derecho a la defensa de los guatemaltecos está en riesgo, coinciden abogados

Exmagistrados y exdirectivos del CANG señalan una persecución penal contra abogados por ejercer su profesión.

Luego de que un Grupo de exmagistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Constitucionalidad (CC) y del Tribunal Supremo Electora (TSE) emitieran un comunicado en el que rechazaron lo que denominan “persecución penal” contra profesionales del derecho. En el programa de A Primera Hora, de Emisoras Unidas, fue abordado en tema con tres expertos.

El documento relató la denuncia planteada contra el abogado Carlos Paz Archila, pues, a su criterio, se pretende “equiparar el ejercicio de la profesión con actividades delincuenciales”.

Marco Antonio Sagastume, expresidente Colegio de Abogados , aseguró que esta situación “va mucho más allá” que la persecución contra los profesionales del derecho. En ese sentido, señaló que más de 40 mil abogadas del país están en riesgo y que la población guatemalteca sería la más afectada.

“Los 40 mil abogados que existen en Guatemala estamos siendo criminalizados porque quieren tener el control de la justicia, pero lo más delicado es que los guatemaltecos se pueden quedar sin el derecho a la defensa”, aseguró Sagastume.

Agregó que no se está pidiendo pidiendo justicia para los abogados, si no para todos los guatemaltecos.

Llamado a los guatemaltecos

Por su lado, María Eugenia Mijangos, exmagistrada del TSE, coincidió con Sagastume y señaló que esta es “una situación muy delicada, ya que hay criminalización muy fuerte y muy grave”. Manifestó que se está llegando a un momento “muy peligroso dentro de lo que es el Estado de Derecho”.

Mijangos aseguró que toda la población debería de pedir que esto pare, debido a que es una situación criminalizada. Asimismo, aseguró que los abogados con estas acciones ya no se van a animar a defender a nadie.

En tanto, Paz Archila señaló que está en riesgo todo el ejercicio de defensa al que tiene derecho todo ciudadano. “Esas acciones limitan cualquier ejercicio de un derecho de defensa y transgrede un principio fundamental de un sistema democrático, que es que cualquier ciudadano guatemalteco frente al poder del Estado tiene derecho. En primer lugar, a que se le considere inocente y segundo a ser asistido por un abogado”.

Para hablar de este tema, también se invitó a un representante del Ministerio Público (MP), pero indicaron que ya se habían pronunciado por medio de un comunicado.

Escuche la entrevista completa en este enlace: Entrevista-APH-29-marzo-2022

 

 

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