El Juzgado Décimo Penal, a cargo de Víctor Cruz, decidió este miércoles, 29 de junio, cerrar el caso en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), suspendida del cargo, Blanca Stalling, quien estaba vinculada en un proceso penal señalada de los delitos de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica.
La profesional del Derecho es señalada de intentar influir para que su hijo, Otto Molina Stalling, fuera beneficiado en el caso penal denominado Caso IGSS por el que fue condenado a 6 años y tres meses de prisión inconmutables, una multa de 50 mil e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 4 años.
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Este miércoles, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió a favor de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) una apelación que estuvo detenida desde 2019 en ese tribunal, relacionada con la situación de la magistrada suspendida. No obstante, anteriormente, la Corte Suprema de Justicia había declarado sin lugar lo solicitado por la Fiscalía.
La FECI argumentó un error de procedimiento por parte del Juzgado Décimo, en el que la sindicada en un caso de supuesto tráfico de influencias fue beneficiada con arresto domiciliario.
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El juez Carlos Ruano denunció que la magistrada lo citó en septiembre de 2016 para una reunión, la cual él decidió grabar por precaución, detalla un boletín de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El juzgador aseguró que su objetivo al grabar dicha conversación era contar con una prueba de que fue convocado a ese encuentro y que, en ningún momento, comprometió su trabajo ni aceptó nada a cambio.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7
