La Sala Cuarta de Apelaciones ordenó que la investigación del caso denominado “Cooptación y Corrupción Judicial” en el que están implicadas la exfiscal de la FECI, Siomara Sosa, y la exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, Leily Santizo, pase del Juzgado Tercero Penal, al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal que deberá continuar con el proceso y programar fecha para la audiencia de apertura a juicio.
Luego de aceptar las recusaciones de las partes procesales, planteadas contra el Juez Tercero Penal, Geisler Pérez, por dudar de su imparcialidad, la referida Sala ordenó que el caso pase a manos del juez “A” del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Pedro Laynez. Cabe señalar que este juzgador también está a cargo de otra investigación en la cual están señalados otros operadores de justicia, entre ellos la exfiscal Siomara Sosa en el caso denominado “Acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad”.
Actualmente, Siomara Sosa y Leily Santizo están ligadas a proceso penal por el delito de colusión, y no por obstrucción de justicia, como inicialmente solicitó el Ministerio Público, en esta carpeta judicial, también está implicado el abogado Francisco Gallardo, quien fue procesado por el mismo delito.
La FECI informó que la investigación de este caso surgió a raíz de la petición que la abogada Leily Santizo habría hecho para la conexión de un caso que llevaba como litigante con el caso Odebrecht, investigación que está a cargo del Juez de Mayor Riesgo “D”, Juan José Jiménez, mismo que permanece bajo reserva judicial.
#EUNacionales También se emitió la orden de aprehensión contra la exmandataria de la CICIG, Leily Santizohttps://t.co/itOod4sZGy
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 19, 2022
Falta de mérito a favor de Sosa y Santizo
La Sala Cuarta de Apelaciones rechazó en octubre pasado una apelación que presentó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dentro del caso Cooptación y Corrupción Judicial, en el que están señaladas Sosa y Santizo. Con la decisión de los magistrados, se confirma la falta de mérito por obstrucción de justicia a favor de las abogadas.
La referida sala también denegó la apelación solicitada por la Fundación contra el Terrorismo, que buscaba que volvieran a prisión preventiva. De igual forma, anuló el fallo que se había otorgado al MP para ampliar el plazo de la investigación, por lo que quedó establecido que sea en un mes.
* Con información de Oscar Canel, Emisoras Unidas 89.7
