El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, se pronunció acerca de la decisión judicial de investigar a periodistas, en el marco de uno de los casos que se sigue contra el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora.
Por medio de un comunicado, aseguró que confía en que todos los procesos judiciales del país se desarrollan en el marco del respeto a los derechos fundamentales de defensa, debido proceso y presunción de inocencia.
“En este caso en particular, el juez a cargo del proceso, con fundamento en sus facultades jurisdiccionales, es el responsable de velar porque sus actuaciones se desarrollen dentro del respeto al orden jurídico del país y sobre todo de los derechos fundamentales de las partes”, expresó.
Además, señaló que es respetuoso de la independencia judicial y también del ejercicio periodístico del país.
Asimismo, Córdova aseguró que estará atento al desarrollo de este caso en particular, de conformidad con las facultades que le competen.
El pronunciamiento del PDH surge luego de que el martes, un juez abrió un segundo proceso penal contra Zamora, señalado por la Fiscalía de conspiración para obstrucción de la justicia. Según la acusación, el periodista supuestamente intentó frenar una investigación en su contra por lavado de dinero en 2021.
Además, el magistrado aceptó la petición del Ministerio Público de investigar a varios periodistas y columnistas de El Periódico, medio que ha publicado reportajes sobre corrupción estatal.
#EUNacionales La Asociación de Periodistas de Guatemala también rechazó las investigaciones contra los reporteros y las calificó como "un nuevo intento de criminalizar la libertad de expresión"
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Exigen detener investigación contra periodistas
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió a las autoridades de Guatemala liberar a Zamora, sindicado en dos casos, y frenar las investigaciones contra comunicadores de ese medio.
La entidad solicitó en un comunicado detener “cualquier investigación de columnistas y empleados” del rotativo, liberar “sin condiciones a su presidente”, preso desde julio pasado, y permitir al personal del medio que “trabaje libremente”.
Esas medidas son “un claro intento de los fiscales de intimidar y hostigar a un medio de investigación y a periodistas que trabajan incansablemente para exponer la corrupción”, subrayó en su nota Carlos Martínez de la Serna, director de programas del CPJ en Nueva York.
La Asociación de Periodistas de Guatemala también rechazó las investigaciones contra los reporteros y las calificó como “un nuevo intento de criminalizar la libertad de expresión”.
