El Ministerio Público (MP) emprendió acciones legales contra exintegrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a quienes señala de cometer actos ilegales en perjuicio de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Aida Stalling Dávila.
Los sindicados son los exfiscales Juan Francisco Sandoval y Eva Siomara Sosa Pérez, así como la exmandataria de la CICIG, Claudia González Orellana. Esta última fue capturada por la Policía Nacional Civil durante allanamientos realizados este lunes 28 de agosto.
Las investigaciones contra los operadores de justicia están a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos, que coordinó cuatro diligencias de inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala y los municipios de San Miguel Petapa y Mixco, en el departamento de Guatemala.
Como resultado se reportó la incautación de tres armas de fuego y 40 mil quetzales en efectivo, de los cuales supuestamente no se pudo justificar su procedencia.
#AHORA MP comparte comunicado de prensa sobre diligencias de allanamiento que realiza la Fiscalía de Asuntos Internos en seguimiento al caso denominado “Persecución Penal Ilegal Fase I” | Vía @kmarroquin_eu pic.twitter.com/2P1zvhJzJn
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MP explica el caso
Este nuevo expediente judicial donde se sindica a los operadores de justicia fue denominado por el MP como “Persecución penal ilegal fase I”, y surgió en seguimiento del proceso que enfrentó la magistrada Stalling por supuestamente intentar influir en el juez Carlos Ruano para beneficiar a su hijo, implicado en el caso IGSS-Pisa.
El ente investigador consideró que Sandoval, Sosa y González abusaron de sus cargos y realizaron y/o permitieron actos ilegales en perjuicio de la administración pública y de otro funcionario público.
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Ello tomando en cuenta que las pesquisas determinaron que dentro de la documentación presentada el 11 de enero de 2017 para motivar el antejuicio contra Stalling, presentado un día después de haberse recibido la denuncia, obran documentos que revelan la realización de diligencias de investigación iniciadas antes de haberse presentado la denuncia y antes del retiro de inmunidad.
#EUNacionales La profesional del Derecho, que intentó evadir las autoridades con peluca, era sindicada de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica.https://t.co/2hgg7LbHHk
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Además, asegura la entidad, se presentaron y utilizaron informes realizados por personal de la CICIG sin la debida autorización de juez competente y no se observó el procedimiento legal para el tratamiento de la evidencia.
El MP también aseguró que la CICIG realizó una intervención ilegal al solicitar abrir una investigación a cargo de la FECI en febrero de 2017, pues en su opinión, intervino desde el inicio en el caso de manera irregular, ya que la denuncia incluso fue tomada en su sede.
“Mediante dichas acciones se irrespetaron las formas y procedimientos establecidos en la ley para la presentación de antejuicio para la tramitación de la investigación que lo fundamenta y se vulneró el principio de legalidad al permitir la intervención arbitraria de una entidad internacional y su personal sin que se cumplan los procedimientos”, puntualizó.
En ese contexto, la fiscalía consideró que los sindicados incurrieron en el delito de abuso de autoridad al violentar los valores constitucionales de justicia y el derecho al debido proceso.
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