Los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Marlon Barahona y Álvaro Cordón, se refirieron al proceso de antejuicio que se sigue contra ocho integrantes de ese órgano por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que fue utilizado en las Elecciones Generales 2023. El expediente sobre este caso será conocido este miércoles 15 de noviembre por el Congreso de la República.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, Cordón indicó que el caso debe verse desde dos perspectivas: la jurídica y la política. Acerca de la primera, señaló que a finales de septiembre generó “sorpresa” en los magistrados cuando les notificaron que existía un proceso de antejuicio a raíz de la denuncia de dos personas individuales que señalaron algunos hechos confusos, basados en apreciaciones y documentos bajados de internet.
“A juicio de estos ciudadanos, se cometieron algunos delitos básicamente relacionados con el proceso en sí de compra del TREP. Vemos que jurídicamente el ente investigador, el Ministerio Público, sencillamente se traga el anzuelo que viene de una denuncia, arrogándose todos los argumentos y trasladando el expediente hacia la Corte Suprema de Justicia solicitando un antejuicio”, explicó.
Álvaro Cordón, magistrado suplente del TSE: "El sistema electoral, gracias a Dios, es documental; todo está en papel (…) Por eso el sistema electoral guatemalteco es modelo en América Latina. El TSE simplemente delega que todo lo haga la ciudadanía" pic.twitter.com/LUpl0SyF2L
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 15, 2023
En ese sentido, detalló que la institución a cargo de la fiscal general, Consuelo Porras, no hizo ninguna de sus funciones de concretizar el caso, ver posibles participaciones, determinar qué delitos, qué temas, o dónde puede haber alguna participación de cada uno de los supuestos implicados.
De acuerdo con el entrevistado, se señala a los magistrados titulares y suplentes, a pesar de que estos últimos tienen como función bien específica y limitada, básicamente a suplir en ciertos casos donde hay alguna ausencia temporal o definitiva de uno de los titulares y participar en plenos aislados, no en el manejo administrativo completo.
“Ninguno de los magistrados suplentes participamos ni en el proceso de adjudicación, ni de contratación, ni en la aprobación del contrato. Esa es la sorpresa”, enfatizó Cordón.
Por aparte, con respecto al aspecto político, dijo que es este el alcance hasta donde va a llegar el antejuicio, pero que intentarán exponer sus argumentos.
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Magistrado menciona señalamientos “irresponsables” y generalizados
El magistrado Barahona criticó cómo basándose en los que calificó como señalamientos “tan irresponsables” se haya pretendido ilustrar la comisión de un hecho delictivo por la compra de un sistema, pues entonces la adquisición de bienes o servicios en el Estado per se sería delito.
En ese contexto, destacó que entonces habría que revisar bajo esa óptica que cualquier compra en la gestión pública puede ser señalada de delito, cualquier autoridad que inició un proceso de este tipo puede verse implicada en cargos como, por ejemplo, el abuso de autoridad.
“¿Cómo es posible eso?, criminalizar los actos administrativos es absurdo, y eso es una circunstancia que el Ministerio Público dejó de tener en cuenta y lo hizo incumplir una obligación, (…) porque no es posible que cualquier tipo de denuncia sea admitida y tramitada, sino que el ente a cargo de la investigación criminal tiene una obligación legal y doctrinaria de hacer calificación de las denuncias. Esto lo que quiere decir es que no a todas les debe dar curso”, dijo.
Añadió que, en ese contexto, debe hacer el análisis y tomar una decisión sobre la viabilidad de un planteamiento formulado por cualquier ciudadano. Pero, en su opinión, el MP no lo advirtió y la Corte Suprema de Justicia no hizo tampoco una consideración pormenorizada e individualmente considerada respecto de los denunciados.
Marlon Barahona, magistrado suplente del TSE: "No es nuestra intención simplemente desmarcarnos. El tema es más de fondo; y es tan de fondo y tan grave, y tan pernicioso, quizá, que se nos está atrayendo a la denuncia, por parte de los interesados, sin hacer una… pic.twitter.com/jkZWFkiSN0
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De igual forma, Barahona resaltó que en el Congreso se debe tomar en cuenta que los casos de cada uno de los magistrados no son iguales. Dijo que, por ejemplo, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, votó en contra del tema del TREP, y aunque es claro que de cierta manera intervino en las decisiones sobre este sistema, su postura fue contraria. Ante ello, señaló que incluso deberían crearse pesquisidoras por aparte y no una para verificar el expediente en conjunto de los magistrados.
A pesar de ello, indicó que no se hace ninguna consideración al respecto, ni por parte de los denunciantes, aunque ellos mencionan eso, pero lo usan para asegurar que la togada incurrió en irresponsabilidad. En el caso de los suplentes, indicó que no se aclara por qué se les señala, solo de forma abstracta se detalla en la denuncia que algunos aprobaron y otros no, pero no aclara qué firmó cada quién.
Ante lo expuesto, el magistrado Barahona consideró que se corrobora que “lo que hay es una intención de desaforar a la autoridad electoral”. Según sus palabras, esto se daría por parte de quienes denunciaron; sin embargo, señaló que seguramente ellos responden a intereses, no están actuando por sí mismos ni en solitario, una situación que describió como preocupante.
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