La audiencia de primera declaración de los exfiscales Stuardo Campo y Anahí Pineda comenzó este miércoles 6 de diciembre en seguimiento a un caso del que no se han ampliado detalles de parte del Ministerio Público (MP). No se permitió el ingreso a la prensa a la sala, tomando en cuenta que el expediente se mantiene bajo reserva.
La diligencia estaba programada para las 10:30 horas; sin embargo, comenzó una hora antes. El caso es conocido por el Juzgado Décimo Penal, a cargo de Víctor Cruz, que en esta fase deberá resolver la situación de los señalados, es decir, si serán ligados o no a un proceso y, de ser así, si se les otorgarán medidas sustitutivas o quedarán detenidos.
Los extrabajadores del ente investigador fueron capturados el pasado 1 de diciembre y desde entonces permanecen en prisión provisional en el centro de detención de la zona 17, Mariscal Zavala.
En junio pasado, Campo y otros dos exfiscales fueron procesados bajo señalamientos de la Fiscalía de supuestas anomalías en los casos Bitkov, Tamaulipas y Alfa Siete. En esa ocasión, el juez lo envió a prisión preventiva; sin embargo, en agosto el juez Guillermo Luna le otorgó una medida sustitutiva que le permitía gozar de arresto domiciliario a cambio del pago del control telemático.
En este caso, se señala al exfiscal de haber incurrido en acciones anómalas cuando ejercía como titular de la Fiscalía de Tráfico Ilícito de Migrantes. Se detalló de parte del MP que sus actos causaron que una persona de 70 años fuera capturada de manera injusta y estuviera privada de su libertad por al menos 27 días.
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Campo señala caso “montado”
En la Torre de Tribunales, mientras esperaba que se le diera a conocer el motivo de detención, el exfiscal Campo señaló que está enfrentando las consecuencias de haber procesado a cuatro ministros del gobierno anterior e iniciar investigaciones contra la administración gubernamental actual.
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Además, según sus palabras, la persecución política que existe en su contra sería resultado de no haber obedecido órdenes que describió como abiertamente ilegales, las cuales señaló que le fueron dadas y que aseguró que denunciará en su momento.
“Por no prestarme para proteger los intereses de un sistema corrupto. Por no aceptar, en todo caso, favorecer a personas de alto perfil vinculadas con investigaciones de alto impacto que tuve a mi cargo dentro de la fiscalía, me toca afrontar estas consecuencias”, expresó.
