La Contraloría General de Cuentas (CGC) desplegó a aproximadamente 150 auditores a todo el país para realizar evaluaciones de los procesos que las entidades implementan en la prestación de servicios a la ciudadanía. Estas acciones forman parte de un programa preventivo que tiene como finalidad fortalecer el control interno institucional.
El ente fiscalizador señaló que la presencia del personal se enfocará principalmente en los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Educación; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y la cartera de Desarrollo Social. También en las diferentes municipalidades.
“Este proceso permitirá anticipar riesgos del gasto público mediante evaluaciones, que permitan identificar deficiencias en la fase preventiva y detectiva y así realizar recomendaciones oportunas”, destacó la entidad.
Agregó que, mediante estas recomendaciones emitidas a la institución, se establecen las medidas que deberán ser subsanadas de forma técnica. Para concretar los cambios que se señalen en los reportes de los auditores se fija un plazo de no más de 30 días.
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Si no se hacen las correcciones necesarias, la Contraloría podría emitir las acciones administrativas que considere oportunas, con la finalidad de fortalecer la calidad del gasto público.
Este proceso es dirigido por la Sub-Contraloría de Calidad del Gasto Público y su ejecución estará a cargo de delegados de la Dirección de Auditoría para Atención a Denuncias Ciudadanas.
Recientes denuncias de la Contraloría
La Contraloría General de Cuentas dio a conocer el pasado 25 de enero que, como resultado de la aplicación de auditorías, se generaron tres denuncias relacionadas con los hospitales General San Juan de Dios y Roosevelt.
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En el caso del primero de los centros asistenciales mencionados, los hallazgos incluyen pagos improcedentes por trabajos de remozamiento no efectuados por 18 millones de quetzales, productos cancelados sin haberse llevado a cabo el proceso de recepción y el pago improcedente por otros servicios no realizados en canaletas plásticas de cableado en diferentes áreas.
Con respecto al Roosevelt, se indicó que se le da seguimiento a un contrato por 3 millones de quetzales, correspondiente al arrendamiento de una bodega que no cumplía con las especificaciones necesarias.
