El Consejo Superior Universitario (CSU) confirmó este jueves 29 de febrero que resolvió iniciar el procedimiento legal para establecer si proceden sanciones disciplinarias en contra de 74 personas implicadas en la toma de instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
“El CSU es respetuoso de la ley y para no incurrir en corresponsabilidad por omisión inició el procedimiento (contra quienes) vulneraron el acceso a la educación superior de la comunidad sancarlista”, detalló la casa de estudios por medio de redes sociales.
Entre las personas señaladas se encuentran estudiantes, jubilados, personal académico, trabajadores administrativos y de servicios, así como personas sin vínculo jurídico con la universidad.
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Se indicó que los involucrados participaron en la “irrupción, obstaculización y toma” del campus central entre 2023 y 2024. También que algunos son reincidentes en conductas infractoras, pues se tiene documentada su intervención en las tomas de instalaciones en 2018, 2019, 2020, 2022 y 2023.
“Los daños de estas tomas fueron cuantificados en 2.5 millones de quetzales, mientras que los daños de la última toma ascienden a alrededor de Q90 millones por detrimento del patrimonio universitario, robo, hurto y destrucción de bienes”, expuso la Usac.
El CSU, respetuoso de la ley y para no incurrir en corresponsabilidad por omisión resolvió iniciar el procedimiento legal para establecer si proceden sanciones disciplinarias en contra de 74 personas pic.twitter.com/YLRHE3FHOP
— Universidad de San Carlos de Guatemala (@SoyUSAC) February 29, 2024
Usac señala daños graves tras toma de instalaciones
En la publicación en X, antes Twitter, que hizo la máxima casa de estudios para anunciar el inicio de este proceso legal, también se difundió un video en el que se observan los daños y deterioros que se encontraron en el campus central de la Usac, ubicado en la zona 12 capitalina, tras el cierre que duró más de un año y estuvo a cargo de personas que rechazaban la designación de Walter Mazariegos como rector.
Asimismo, se señaló la gravedad de los daños a la actividad académica de la universidad, que, se reiteró, son invaluables e irreversibles.
Esta situación está bajo investigación de las autoridades correspondientes. Además, hay personas que tendrían relación con estas acciones de protesta que se encuentran enfrentando procesos penales.
El Ministerio Público (MP) confirmó en junio pasado que se declaró bajo reserva el expediente de la toma de las instalaciones del campus central y confirmó que el caso está a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Usurpación.
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