El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos, presentó ante la Contraloría General de Cuentas 15 solicitudes de fiscalización con respecto a las 13 entidades de Gobierno y/o Municipalidades que efectuaron compras de bienes o adquirieron servicios de las nueve entidades que forman parte del grupo B410.
Esta acción se suma al operativo que implementó el ente investigador desde horas de la mañana de este jueves 12 de septiembre, en seguimiento a la referida pesquisa que se relaciona con acciones de defraudación tributaria que detectó e hizo públicas la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El Departamento de Información y Prensa del MP explicó que están en desarrollo 11 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en distintos puntos del país.
“Están siendo inspeccionados los inmuebles vinculados con las nueve entidades que forman parte del grupo B410 que le facturan venta de bienes o prestación de servicios a entidades de Gobierno”, detalló la oficina.
Agregó que las diligencias se realizan con el objeto de recabar indicios que contribuyan al fortalecimiento de las pesquisas en curso.
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Gobierno revisará contratos con entidades vinculadas con defraudación
Fue en agosto pasado cuando las autoridades del ente recaudador dieron a conocer los resultados de una investigación que permitió establecer operaciones anómalas en las que se evadía el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). En estas acciones estarían involucradas unas 410 empresas.
El presidente Bernardo Arévalo se refirió en su momento al tema y aseguró que este caso es el mayor fraude fiscal de los últimos tiempos en el país, pues preliminarmente se conoce que la estructura criminal habría defraudado al Estado de Guatemala por al menos Q300 millones.
El mandatario agregó que, como Gobierno comprometido seriamente en el combate a la corrupción, se tomarán las acciones pertinentes por las implicaciones que esta red de defraudación tiene para el erario público y los bienes del pueblo.
En ese sentido, señaló que instruyó a la Comisión Nacional contra la Corrupción la “revisión exhaustiva” de los contratos de las empresas referidas con el Estado, así como el desarrollo de nuevos protocolos de compras y regulación en materia de beneficiarios finales para que esta historia no se repita.
